El financiamiento público para los partidos políticos en 2021 será de 7 mil 226 millones de pesos, aprobó ayer el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), lo que representa un aumento nominal de 38 por ciento respecto de 2020, cuando fue de 5 mil 239 millones, reporta La Jornada
El consejero presidente del INE Lorenzo Córdova afirmó que la racionalización o no de estas prerrogativas representa una asignatura pendiente en la discusión pública y legislativa, la cual, sin duda, debe realizarse con altura de miras, con una visión de Estado, que esté exenta de revanchas y cortoplacismos, es decir, que piense en fortalecer la democracia y el sistema de partidos antes que nada.
En sesión del consejo, consideró que al discutir sobre el dinero que la sociedad le invierte a la política, deberá encontrarse un difícil punto medio; un equilibrio entre un gasto racional y justificado, y los excesos que no pueden ser aceptados.
Resaltó que el financiamiento público ha contribuido a la equidad en las contiendas y ha impedido que los grandes intereses particulares que están detrás de las aportaciones privadas se impongan sobre el interés general. La experiencia de los últimos años demuestra que el dinero sí es indispensable para las campañas, pero no es determinante para el triunfo en las urnas. No gana quien gasta más, sino el candidato que conecta mejor con los intereses y demandas de la ciudadanía.
La consejera Claudia Zavala explicó que este monto de recursos a las fuerzas políticas no lo define la autoridad electoral, sino que es producto de la aplicación de una fórmula prevista en la Constitución.
En dicha regla se toma en cuenta el número de ciudadanos empadronados y 65 por ciento de la unidad de medida y actualización (UMA). En esta ocasión, el listado llegó a 92 millones 983 mil 286 personas, con corte a julio pasado, mientras la UMA es de 86.88.
El financiamiento se aprobó en el consejo sin discusión. Del total, 5 mil 250 millones de pesos se destinarán al sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos, mil 575 millones a las campañas, 157.5 millones para las actividades específicas, como promoción política de la mujer; 210 millones de franquicias postales, y 693 mil pesos para las telegráficas.
En el monto se contempla una partida para los gastos de campaña de los candidatos independientes, la cual asciende a 31.5 millones de pesos, monto similar al que recibiría una fuerza política de nueva creación.
La autoridad electoral decidió postergar la distribución de los recursos entre las fuerzas políticas hasta que se tenga certeza sobre cuántas nuevas habrá.
En 2020, por su alta votación en los comicios de 2018, Morena alcanzó mil 710 millones de pesos de prerrogativas, pero renunció a la mitad. El PAN obtuvo 943 millones de pesos y el PRI 888 millones. PRD llegó a 438, PVEM 418, Movimiento Ciudadano 403 y PT a 384.
En 2021 se espera que Morena se siga llevando el mayor porcentaje de la bolsa, debido al número de sufragios obtenidos en las elecciones presidenciales pasadas.
Por otra parte, el Consejo General del INE aprobó ayer que, de manera provisional, los tiempos en radio y televisión que administra el organismo se destinen a la difusión de contenidos educativos en los canales multiprogramados.
Esto, luego de que los siete partidos políticos con registro nacional cedieron sus espacios a la Secretaría de Educación Pública para que los alumnos de enseñanza básica puedan tomar clases a distancia, a través de los referidos medios de información sin interrupción alguna.
Según el proyecto, la vigencia del acuerdo subsistirá hasta que las autoridades sanitarias y educativas determinen la reanudación de las actividades escolares presenciales, o en su caso, cuando algún partido político determine ya no renunciar a su prerrogativa en la materia.
En la sesión, también se aprobó ejercer la facultad de atracción para ajustar a una fecha la conclusión del periodo de precampañas y el relativo a recabar apoyo ciudadano para los candidatos independientes en los procesos electorales locales. Con ello se busca eficientar la fiscalización.
Fuente: La Jornada
