La Cámara de Diputados aprobó en lo general -y entró a la discusión en lo particular- una nueva ley federal de remuneraciones, para sustituir la que aprobó en septiembre de 2018 y fue impugnada por funcionarios públicos. Esta vez incluye una fórmula para determinar, a partir de un cálculo que incluye la figura de PIB per cápita, el salario del Presidente y que ningún funcionario pueda ganar más que él.
No obstante, en los artículos transitorios se deja claro que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, magistrados electorales, consejeros de la judicatura, consejeros electorales y jueces en funciones, no les aplicará la ley.
La nueva legislación, que abroga la anterior con el mismo nombre y también a una enmienda que se le hizo el año pasado, prevé que los salarios de los servidores públicos se definirán mediante la figura de “remuneración anual máxima“, que se calcularía a partir de una intrincada fórmula, agregada hoy de última hora por Morena.
Esta fórmula se obtendrá de lo siguiente: determinar un PIB per cápita, resultado de dividir el monto del PIB “a precios corrientes”, entre la proyección actualizada de la población total del país; y de establecer un PIB per cápita de referencia, resultado del promedio del PIB per cápita de los últimos ejercicios fiscales, “trasladados a precios del año en curso”.
Además, de definir un indicador de 11 grupos de alto nivel jerárquico, denominados “rangos funcionales”, y de constituir una remuneración anual máxima, como el monto máximo a que tiene derecho el Presidente; y una remuneración anual de referencia, que considera las percepciones ordinarias del mandatario sin seguridad social.
Con todos esos factores, la remuneración máxima del presidente resultará de multiplicar el PIB per cápita de referencia por los once rangos funcionales, más el aguinaldo de 40 días.
A partir de ese mecanismo, la cámara espera cumplir con el mandato de la Suprema Corte de Justicia que invalidó artículos esenciales de la ley en vigor, al considerar que no existía un mecanismo claro para determinar el salario del Presidente.
La oposición resaltó que tal fórmula es resultado de las prisas por legislar y de atender la solicitud presidencial de que ningún funcionario gane más que él. El PAN dijo que se mantienen las deficiencias que observó la Corte. “Esta ley se cayó ya dos veces y se volverá a caer. O no quieren que no se regulen los salarios, por eso lo hacen tan mal o no entienden que no entienden”, dijo en tribuna Jorge Espadas (PAN), quien insistió en la postura de su bancada en constituir un comité profesional que determine el salario del Presidente y del resto de la burocracia.
Ante las críticas, el autor de la propuesta, Pablo Gómez Álvarez (Morena) sostuvo que limitar los altos salarios de la burocracia “no es capricho del Presidente, es un clamor popular. Es históricamente necesario. Duele a esa burocracia. Lo sentimos mucho”.
Fuente: La Jornada
