Un grupo de siete policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fue sujeto a acción penal por su probable responsabilidad en el delito de tortura cometido en agravio de mujeres detenidas tras la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, el año pasado.
Estas acciones forman parte de la recomendación 51/14 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación a las garantías individuales de tres testigos de los hechos registrados en una bodega de San Pedro Limón la madrugada del 30 de junio de 2014.
La denuncia de la CNDH señala la probable responsabilidad de personal de la PGJEM en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio, de tal manera que queda pendiente por investigar y sancionar los dos segundos ilícitos.
El juez de control del Distrito Judicial de Toluca concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, quienes ya fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un Juez determinará su situación legal.
Otras tres órdenes de aprehensión contra igual número de elementos están en proceso de ser otorgadas por la autoridad judicial.
La PGJEM encontró “datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”.
Hasta el momento han comparecido más de 40 servidores públicos, pero las investigaciones no han arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de quienes acudieron al lugar de los hechos a realizar diversas diligencias.
El 6 de noviembre pasado el juez cuarto de distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca dictó auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de “alteración ilícita del lugar y vestigio del hecho delictivo”, al modificar la posición de armas de fuego y de algunos cuerpos.
La PGJEM afirmó en un comunicado que, de cualquier manera, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan.
Adicionalmente, 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal han comparecido ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) para definir su responsabilidad administrativa.
El 15 de junio pasado se promulgó en la Gaceta del gobierno priista de Eruviel Ávila la creación del “Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos” para indemnizar a las tres víctimas.
Sólo se está a la espera de la creación de las reglas de operación por parte del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un comité de evaluación para determinar los montos y conceptos de la reparación integral individualizada.
De cualquier manera, asegura la PGJEM, el Instituto de Atención a Víctimas de Delito ha proporcionado puntual y continuamente atención médica y psicológica a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares; también les ha brindado apoyos económicos para solventar sus gastos e, incluso, facilitó su cambio de domicilio para mejorar su calidad de vida.
La víctima identificada como V-23, indica el boletín, se ha negado a comparecer en dos ocasiones, pese a que se implementaron estándares internacionales de protección y se ofreció desahogar la diligencia en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Incluso, las tres víctimas quedaron registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que puedan acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.
Fuente: Proceso
