La Policía Federal y la PGR detuvieron hoy a otros 13 funcionarios por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán, entre ellos a Celina Oseguera Parra, ex coordinadora general de penales federales, y Valentín Cárdenas Lerma, ex director del penal del Altiplano.
De acuerdo con fuentes del Gobierno Federal, la mayor parte de los probables implicados fueron capturados en el DF y el Edomex con base en una orden de aprehensión por el delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por delitos contra la salud.
La lista dedetenidos la completan Leonor García García, ex directora jurídica del Altiplano; así como Roberto Cruz Bernal, Jaime Galindo Hernández, Oswaldo Gastón Veytia Rodríguez y Miguel Ángel Flores Mirafuentes.
También Agustín Jiménez Molina, Herminio González Albarrán, Miguel Ángel Cortes Carrillo, Erick Sorcia Martínez, Arturo Hernández Hernández y Reyes Amyr Mora Carrillo.
Los servidores públicos detenidos, entre ellos mandos, monitoristas y custodios, fueron internados en el penal federal del Altiplano, el mismo del que escapó “El Chapo”, mientras que a Oseguera la ingresaron al penal de “El Rincón”, en Nayarit.
Con estas aprehensiones, suman ya 20 los funcionarios que han sido encarcelados por la fuga del presunto líder del Cártel de Sinaloa, a través de un túnel, el pasado 11 de julio.
El 17 de julio, la PGR internó en el penal federal de Guanajuato a 7 de los servidores públicos, acusados de la evasión, pero sólo fueron procesados tres de ellos y cuatro quedaron libres.
La PGR insistió con el expediente y logró las órdenes de aprehensión contra los cuatro indiciados que habían quedado libres, a quienes capturó el pasado 7 de septiembre e internó en el Altiplano.
Los primeros 7 funcionarios que fueron detenidos son Vicente Flores Hernández, José Daniel Aureoles Tabares, Emanuel Galicia Conchillos, Carlos Sánchez García, Alberto Aguilar Morales, Juan Cuarenta Orozco y Esteban Estrada Ramírez.
Entre ellos se encuentran dos elementos de la Policía Federal y dos del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional (Cisen), adscritos al Centro de Monitoreo de la Policía Federal, así como tres empleados del penal.
La PGR les imputa no haber atendido los protocolos de seguridad ni la normatividad a la que estaban obligados y tampoco informaron oportunamente de la evasión, lo que impidió que activaran el “código rojo” quienes estaban obligados a hacerlo.
Los acusados incurrieron en esta omisión, pese a que contaban con el equipo de monitoreo con audio y video y el de radiocomunicación para dar aviso, aparatos que funcionaban adecuadamente.
De acuerdo con el CJF, dichos indicios permitieron al juez considerar que los dos funcionarios del Cisen y dos del Centro de Control de Monitoreo, comisionados y adscritos al Altiplano, favorecieron la fuga de Guzmán.
Fuente: Reforma
