La sesión de investidura prevista para este martes de las tres de la tarde en el Parlamento de Cataluña quedo suspendido de forma indefinida por orden del presidente de la Cámara, el independentista Roger Torrent, que decidió presentar alegaciones ante el Tribunal Constitucional (TC) y asumir así la resolución dictada el pasado sábado.
La medida tuvo dos consecuencias directas e inmediatas: la cancelación de la investidura de Carles Puigdemont, que aspiraba a asumir el cargo por la vía telemática y a dar su discurso por “skype” y el malestar en una parte del bloque separatista, que pidieron explicaciones por la decisión unilateral adoptada por el también líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Torrent, de ERC y presidente del Parlamento, anunció alrededor de las diez de la mañana que finalmente había decidido aplazar, “que no suspender” la investidura, y presentar alegaciones ante el TC para conocer exactamente el alcance de la resolución adoptada el pasado sábado por el órgano constitucional. Además reiteró que su único candidato a dirigir el gobierno catalán será Carles Puigdemont y que en ningún caso “decidirá quien va a ser presidente del pueblo de Cataluña ni la vicepresidenta Soraya (sic) ni ningún magistrado español”.
En un discurso solemne y en un tono de dureza, Torrent anunció que finalmente no habrá investidura, con lo que se abre al menos un periodo de varias semanas antes de que se convoque a un nuevo pleno. A partir de ahora, el equipo de abogados del Parlamento catalán presentarán ante el TC en un plazo máximo de diez días las alegaciones que consideren pertinentes a la resolución en la que el TC prohibió la investidura a distancia de Puigdemont y en la que le conminó a que si pretende ser investido tendría primero que ponerse a disposición del Tribunal Supremo, donde está acusado de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
De hecho antes de adoptar la decisión, que era competencia exclusiva del presidente del Parlamento y de la mayoría de la Mesa, Torrent intentó hablar en hasta cinco ocasiones con el ex presidente Puigdemont, quien según las últimas informaciones se encuentra todavía en Bélgica, donde se encuentra refugiado desde finales de octubre, pero que éste no le había contestado a las llamadas.
Torrent advirtió en todo caso que “ni un ministro ni un tribunal a 600 kilómetros de distancia decidirán quién es el presidente del gobierno de Cataluña, puesto que al proponer a Puigdemont no fue una decisión aleatoria ni personal, sino que era el fruto de la voluntad mayoritaria de la cámara”. Y “como esta voluntad se mantiene, no propondré a otro candidato”.
El presidente del Parlament también se ha expresado con dureza a la hora de acusar al Gobierno y al TC de pretender “vulnerar los derechos de millones de catalanes”, algo que “no lo permitiremos”, porque “no aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal”. Y añadió que “a pesar de todas las amenazas, iré hasta el final” para defender los derechos de todos los diputados y también los de Puigdemont a acudir al Parlament y ser investido, “porque la democracia no se suspend. No aceptaremos que se diga que los catalanes votaron mal. A pesar de todas las amenazas, iré hasta el final”.
Pero la decisión de Torrent desató el malestar en una parte importante del independentismo catalán. El bloque soberanista está integrado por tres partidos: Junts per Catalunya (JuntsxCat), que logró 34 escaños y es la formación liderada por Puigdemont; ERC, con 32 y su dirigente es el ex vicepresidente Oriol Junqueras, encarcelado desde el pasado 2 de noviembre; y la Candidatura de Unidad Popular (CUP), con cuatro diputados.
Tantos JuntsxCat como la CUP expresaron su profundo malestar y sorpresa tras la decisión de Torrent, que calificaron de “unilateral” y “equivocada”, al insistir en que el pleno se debería de haber mantenido y celebrado, al margen de la doctrina impuesta por el TC y de las presiones ejercidas desde el gobierno español.
Además criticaron que el presidente del Parlamento no haya consultado previamente con el resto de partidos independentistas una decisión tan importante, que vuelve a posponer de manera indefinida la ruta por la construcción de la república catalana y que mantiene en las instituciones al Ejecutivo español, del derechista Mariano Rajoy, que asumió el control de la Generalitat el pasado noviembre y por la vía del artículo 155 de la Constitución.
Torrent también fue duramente criticado por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras plataformas civiles independentistas.
Mientras que desde el gobierno español se celebró la decisión de Torrent de “asumir la legalidad” y de “no actuar de manera fraudulenta”. El diputado del Partido Popular (PP) Xavier García Albiol añadió que “si el Gobierno no hubiera tomado la decisión del recurso al TC, Puigdemont hubiera sido investido desde Bruselas. Hemos preservado una cierta normalidad y la decisión de posponer el Pleno es la más prudente. Ahora el Presidente del Parlament debería inaugurar una nueva ronda de consultas para presentar un candidato alternativo”.
Fuente: La Jornada