Antes de que Enrique Peña Nieto dejara el poder, Pemex otorgó 36 contratos por adjudicación directa a empresas de transporte de hidrocarburos ligadas con políticos del PRI y del PAN. De esa forma, el rubro de transporte con pipas o autotanques se encuentra copado por esa élite de proveedores, que en conjunto se embolsaron más de 5 mil millones de pesos. Entre los beneficiarios de esas contrataciones están compañías de personajes como Carlos Hank Rohn y Javier Cantú Barragán, primo de Juan Armando Hinojosa Cantú, el contratista consentido del peñanietismo.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Un año y medio antes de concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, Pemex Logística, la subsidiaria que se encarga del transporte de combustible y otros productos, celebró 36 contratos con compañías piperas, entre las que destacan aquellas cuyos propietarios están relacionados con poderosos grupos del PRI y del PAN.
Entre los beneficiarios de esas contrataciones están empresas como Transportadores Unidos S.A. (TUSA), de Carlos Hank Rohn; Transportes Internacionales Tamaulipecos, de Javier Cantú Barragán –primo de Juan Armando Hinojosa Cantú–, así como poderosos empresarios vinculados a la vieja clase política y al salinismo, como los hermanos Gustavo y Gudelio Cavazos Marroquín.
Del entorno panista aparece en el listado Ivancar, de la familia Mouriño Terrazo; Luis Ríos Ortiz, cuñado del expanista y ahora político “independiente” Juan Bueno Torio, quien fue director de Pemex Refinación (hoy extinta) en el sexenio de Vicente Fox.
Se trata de un negocio transexenal: todos los contratos se otorgaron por adjudicación directa, es decir, sin pasar por un proceso de licitación. Se supone que esta modalidad debe emplearse en casos de emergencia o cuando sólo existe un proveedor, pero según el padrón de autorizaciones para el transporte de hidrocarburos por tierra, de la Comisión Reguladora de Energía, mil 483 empresas están facultadas para ofrecer el servicio.
Las firmas de los contratos fueron multianuales, todos se celebraron el 22 de febrero de 2017 y garantizan su prolongación hasta el 22 de febrero de 2020.
Identificados mediante una consulta en la Plataforma Nacional de Transparencia, dichos contratos representan en total más de 5 mil millones de pesos, que se repartieron entre las 36 empresas mencionadas, de las que al menos 14 están relacionadas con políticos, ya sea por vía familiar o de grupo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2203 de la revista Proceso, ya en circulación.
