Los abogados de tres líderes independentistas catalanes anunciaron este jueves en Londres que apelaron su encarcelamiento ante el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, cuyos dictámenes no son vinculantes.
De este modo se busca “la reafirmación de la ONU de que los gobiernos no pueden reprimir la disidencia política mediante la detención arbitraria”, dijo Ben Emmerson, abogado de dos dirigentes de asociaciones independentistas Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y de Oriol Junqueras, ex vicepresidente del gobierno catalán.
“España debe liberar a esos hombres”, añadió Emmerson, un conocido abogado defensor de los derechos humanos, que se incorpora al equipo de defensa de los tres independentistas.
Este abogado británico lideró los esfuerzos para que se investigara el caso del asesinato en Londres, con polonio, del exespía ruso Andrei Litvinenko, representando a su esposa Marina.
“Su detención por España es una afrenta a los derechos humanos, diseñada para evitar que cumplan con su papel de representantes políticos del pueblo catalán”, añadió.
La apelación no incluye al principal líder independentista, el presidente cesado del gobierno, Carles Puigdemont, que se fue a Bruselas poco antes de que sus colegas fueran imputados y encarcelados.
Puigdemont pugna ahora por volver a ser oficialmente investido presidente catalán, después de que la suma de los tres partidos independentistas les diera mayoría en las elecciones regionales de diciembre.
Duras penas de cárcel
Sánchez y Cuixart llevan en la cárcel desde mediados de octubre por una manifestación ante unas dependencias del gobierno catalán que estaban siendo registradas por la policía, y en la que se dañaron vehículos de las fuerzas de seguridad.
Junqueras, por su parte, ingresó en prisión a principios de noviembre tras la proclamación unilateral de independencia del Parlamento catalán, que no llegó a materializarse y en la que la justicia le atribuye un papel clave como vicepresidente regional.
Los delitos que se les imputan acarrean graves penas de cárcel, de al menos 15 años.
Emmerson confía en que la resolución del Grupo llegue “en semanas, meses, más que en años”, y se dijo “optimista”.
El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU (WGAD, según sus siglas en inglés) tiene su sede en Ginebra y está formado por un grupo de expertos en derechos humanos independientes.
Esta instancia tiene primero que aceptar a trámite la demanda, y, aunque su resolución no es vinculante, Emmerson expresó su esperanza de que un dictamen favorable haga que la ONU “ponga la suficiente presión sobre España” para que libere a los tres.
Fue esta instancia la que dictaminó que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, estaba ilegalmente detenido en la embajada ecuatoriana de Londres.
El gobierno británico y el sueco, los concernidos por la resolución de Assange, expresaron su desacuerdo con la resolución.
A preguntas de la Afp, una portavoz del WGAD no quiso comentar el anuncio de los abogados de los independentistas: “en razón de la confidencialidad del proceso, rechazamos comentarlo”.
La confidencialidad se prolonga hasta que el Grupo toma una decisión sobre la arbitrariedad o no de una detención, por lo que no anunciará ni siquiera si lo ha admitido a trámite.
Este panel tiene como función “investigar casos de privación de libertad impuestos arbitrariamente o de manera inconsistente con las normas internacionales relevantes”, según explica en su página web.
Actúa “basándose en información sometida a su atención en relación a casos de detención arbitraria, transmitiendo llamamientos urgentes y comunicaciones a los gobiernos concernidos para clarificar y atraer su atención sobre estos casos”.
La apelación ya fue presentada y puede interpretarse a la luz de los esfuerzos del movimiento independentista catalán por internacionalizar su causa.
La respuesta de la justicia española al movimiento independentista “pertenece a una era de la política española que creíamos que se había esfumado hace tiempo”, sostuvo el abogado.
Fuente: AFP