El Tribunal Unitario Agrario (TUA) declaró la nulidad de las actas de dos asambleas ejidales efectuadas en noviembre de 2014, con lo que 177 parcelas, que suman una superficie de 613 hectáreas, escrituradas por los presuntos prestanombres del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y de Carlos Mouriño Atanes deberán ser restituidas al ejido Lerma.
Pedro Celestino May Can, líder del desaparecido Movimiento Campesino Tierra y Libertad y el último ejidatario de Lerma, informó que la sentencia al juicio 15/2015, que entabló el 15 de enero de 2015, fue emitida la tarde del pasado viernes por la magistrada del Distrito 50 del TUA, Janeth Castro.
Dichas actas, explicó, fueron anuladas porque se demostró que no hubo quórum, que firmaron como ejidatarios personas que no tenían ese estatus y el notario Jorge Luis Pérez Curmina y los funcionarios de la Procuraduría Agraria no intervinieron como dictan los protocolos para darle validez legal a la asamblea.
Las 177 parcelas que deberán ser restituidas –una parte de ellas aledañas al Campeche Country Club de los Mouriño–, estaban escrituradas ya a nombre de Moisés Manzur Cisneyros, empresario que perteneció al entorno más cercano de Duarte de Ochoa, y Alfonso Ortega López, quien hace unos meses confesó cómo era el sistema de ingeniería financiera con el que el exgobernador de Veracruz lavaba dinero.
También estaban a nombre de Miguel Velázquez Nieva, el topógrafo que firmó el plano del deslinde de los terrenos de Lerma; Cruz García Ramírez; Jorge Enrique Pérez Ruiz; Abel Muñoz Lagunes; María Isabel Riveroll Mendoza, Santa Bartola Acuña, Héctor Apolinar Huesca, Eugenia del Socorro Pérez Ruiz, Damián Víctor Manuel Urtusuástegui y Pablo Gómez Rico.
Además de Luis Alberto Kuk Flores, este último presunto prestanombres de Mouriño Atanes.
Jorge Enrique y Eugenia del Socorro Pérez Ruiz son hermanos de Geni Pérez Ruiz, exempleada de la Procuraduría Agraria y señalada como abogada de Antonino Almazán, exdelegado del Registro Agrario Nacional (RAN) en Yucatán, a quien medios de comunicación regionales identifican como el principal operador de los despojos de tierras ejidales en la Península de Yucatán. A Santa Bartola se le señala como la contadora de Almazán.
De las 613 hectáreas, 360 estaban en posesión de May Can, pero cuando comenzó el despojo, los acaparadores, coludidos con el comisario ejidal, cuyos integrantes están también implicados en el caso, intentaron repartirlas para aparcelamiento a fin de convertirlas al régimen de propiedad privada.
La batalla legal de May Can en defensa del ejido, por la que incluso fue encarcelado al inicio del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, inició hace nueve años, cuando a la cabeza de un grupo de ocho ejidatarios conformó el Movimiento Campesino Tierra y Libertad, aunque a la postre sus compañeros abandonaron la lucha y cedieron sus tierras a los acaparadores.
La puja fue en un principio contra la familia Mouriño, pero la presunta implicación de Javier Duarte en el despojo de tierras ejidales en Lerma dio un vuelco al caso que terminó atrayendo la atención de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El que se resolvió el viernes, es apenas uno de varios juicios que May Can ha interpuesto, el último fue en julio pasado.
La intención, dijo, es recuperar las nueve mil 685 hectáreas que mediante argucias legaloides le fueron arrebatadas a Lerma y refundar el ejido.
Fuente: Apro
