La Cámara de Representantes asestó ayer un duro golpe a Donald Trump al levantar el veto presidencial al proyecto de ley de defensa de 740 mil 500 millones de dólares, preparando el escenario para que el Senado haga lo propio en los últimos días de mandato del republicano.
La cámara baja, controlada por los demócratas, votó 322 contra 87 para anular el veto al proyecto de legislación militar, que autoriza un aumento salarial a los soldados. La mayoría de los legisladores republicanos (109) votaron junto con los demócratas.
La ley de Autorización de Defensa Nacional fue aprobada en primera instancia en la Cámara de Representantes y en el Senado. No obstante, el mandatario la vetó porque no derogó la llamada Sección 230, una ley federal que otorga protección legal a las empresas de Internet, y porque eliminaba los nombres de militares del sur esclavista de la Guerra Civil (1861-65) que identifican a varias bases militares.
La votación de la cámara baja se produjo un día después de que Trump cedió a la presión de republicanos y demócratas y firmó a regañadientes un paquete de estímulo y alivio económico por la pandemia del coronavirus por 900 mil millones de dólares, la cual había amenazado con vetar.
El Congreso aprobó ayer el incremento de los cheques de ayuda por el Covid-19 de 600 a 2 mil dólares, medida exigida por el mandatario para firmar el paquete, lo que lleva la medida a un futuro incierto en el Senado, controlado por los republicanos.
La capitulación de Trump sobre el proyecto de ley de ayuda por el Covid-19 y la inminente anulación de su veto por el Congreso son las últimas señales de sus poderes menguantes mientras se prepara para dejar la Casa Blanca el 20 de enero.
Un grupo de legisladores republicanos presentó una demanda en un tribunal federal contra una ley de 1887 para que el vicepresidente estadunidense, Mike Pence, pueda anular la victoria del presidente electo, Joe Biden, en varios estados claves durante el acto de recuento de votos electorales, ceremonia meramente simbólica prevista para el 6 de enero.
La demanda, liderada por el congresista Louie Gohmert, está dirigida formalmente contra Pence, quien en su calidad de vicepresidente preside la reunión para el recuento, pero sin voto propio conforme a la Ley de Recuento Electoral de 1887, lo cual, según la demanda, sería inconstitucional.
En particular señalan que hubo fraude en los estados de Arizona, Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, ante la victoria de Biden en todos estos territorios. El objetivo de la demanda es que Pence pueda seleccionar a los electores que apoyarán a Trump en lugar de los favorables al demócrata.
Biden indicó ayer que las personas designadas por Trump en el Pentágono están estancando la transición de gobierno y advirtió que, como resultado, Estados Unidos enfrenta riesgos de seguridad.
Después que él y la vicepresidenta electa, Kamala Harris, se reunieran con sus equipos de transición sobre seguridad nacional, Biden sostuvo que los políticos designados en el Pentágono, así como en la Oficina de Administración y Presupuesto, habían puesto “obstáculos” a la transición.
“En este momento, simplemente no estamos obteniendo toda la información que necesitamos de la administración saliente en áreas claves de seguridad nacional”, señaló Biden tras la sesión informativa.
Afirmó que busca tener una “idea clara” sobre la fuerza de las tropas estadunidenses estacionadas en todo el mundo.
“Necesitamos una visibilidad total de la planificación presupuestaria en curso en el Departamento de Defensa y otras agencias para evitar cualquier posibilidad de confusión que nuestros adversarios puedan explotar”, explicó.
Trump se ha negado a reconocer su derrota en las elecciones del 3 de noviembre, que Biden ganó con unos 7 millones de votos y por 306 delegados del Colegio Electoral, esgrimiendo un fraude que no ha podido probar.
Fuente: AFP/ AP/ Reuters
