Los abogados de Ricardo Anaya arribaron hoy al Reclusorio Norte, sin su cliente, a la audiencia de imputación donde se pedirá la vinculación a proceso del ex dirigente del Partido Acción Nacional por cohecho, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Es la quinta ocasión que la FGR intente imputar al excandidato presidencial. En caso de que no se presente, la FGR podría solicitar una orden de aprehensión en su contra por posible riesgo de fuga.
Los abogados de Ricardo Anaya llegaron al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte para la audiencia inicial en su contra por actos de corrupción, aunque sin la presencia del excandidato presidencial.
Eduardo Aguilar, representante legal de Anaya, llegó acompañado de otros tres abogados más y negó precisar si su cliente comparecerá físicamente ante el juez que lo requirió o siquiera si se encuentra en territorio nacional.
“La acusación de Lozoya no tiene ni pies ni cabeza, es una acusación sin sustento. Tan es así que la Fiscalía solicitó 54 años de prisión para Lozoya”, comentó antes de ingresar al Centro de Justicia.
La diligencia está programada a las 9:00 horas y será la quinta ocasión en que la Fiscalía General de la República (FGR) intente imputar a Anaya por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.
Esto, por supuestamente recibir más de sies millones de pesos en sobornos para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.
A inicios de febrero se había reportado que la FGR solicitaría prisión preventiva para Anaya en la audiencia de hoy, argumentando riesgo de fuga. Dado que el expresidente del Partido Acción Nacional no acudió en persona, se abre la posibilidad de que la Fiscalía obtenga una orden de aprehensión en su contra si la defensa no consigue prolongar el proceso.
El abogado de Anaya no dio información alguna sobre si su cliente se encuentra en territorio nacional. Siendo que, en julio de 2021, se reportó que había salido del país luego de declararse un “perseguido político” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Versión que tanto él como la dirigencia del PAN mantienen hasta el día de hoy.
Desde agosto del año pasado se ha requerido al también aspirante a la Presidencia de la República en 2024 para que rinda declaración en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México sobre su presunta recepción de sobornos por seis millones 800 mil pesos durante su gestión como presidente de la Cámara de Diputados en 2013.
En la denuncia de hechos que Lozoya interpuso como testigo colaborador de la FGR en agosto de 2020, Anaya aparece como uno de los siete legisladores panistas que habrían sido sobornados para aprobar la reforma energética de 2014. Otro de los señalados es el exsenador Jorge Lavalle, también en prisión preventiva en el Reclusorio Norte desde abril de 2021.
Fuente: El Universal/ La Jornada/ LaSillaRota
