La dirigencia del Partido Acción Nacional (PAN) desconoció a Ernesto Cordero como presidente de la Cámara de Senadores y anunció que procederá a sancionar a éste y a los otros cuatro legisladores que “coinciden con los intereses del PRI-gobierno”.
Mediante un comunicado, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que preside Ricardo Anaya, aseguró que “los penosos acontecimientos” ocurridos ayer se inscriben en el marco del interés del gobierno federal de imponer un fiscal general a modo que les cuide las espaldas por los próximos nueve años.
“El PAN no está representado por los militantes del partido que fueron electos, a propuesta del PRI y contra la opinión mayoritaria del grupo parlamentario, como integrantes de la mesa directiva”, subrayó en referencia a Cordero y a Octavio Pedrosa, designados presidente y vicepresidente, respectivamente.
“Lamentamos profundamente que, al momento de elegir la mesa directiva, los senadores panistas Ernesto Cordero Arroyo, Javier Lozano Alarcón, Salvador Vega Casillas, Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Lavalle Maury hayan votado en un sentido distinto al que decidió mayoritariamente el grupo parlamentario y en el mismo sentido de lo que decidió el PRI”.
Enseguida se solidarizó con Adriana Dávila y Laura Rojas, quienes fueron electas por sus compañeros del grupo parlamentario como la propuesta del PAN para presidir la mesa directiva durante el último año de la Legislatura.
Y anunció que el CEN tiene conocimiento de diversas solicitudes de sanción en contra de los senadores que actuaron contrario al grupo parlamentario, así como de diversas normas estatutarias y reglamentarias.
“Serán los órganos directivos del partido los que determinarán las sanciones correspondientes”, subrayó.
“Censuramos la intromisión del PRI en asuntos que corresponden al grupo parlamentario del PAN, como lo es la propuesta para presidir la mesa directiva del Senado y le manifestamos que bajo ninguna circunstancia será tolerado. Seguiremos insistiendo, por todos los medios a nuestro alcance, en la necesidad urgente de impedir que el PRI y el gobierno consuman su intención por imponer un Fiscal General a modo por los próximos nueve años a fin de garantizar la impunidad transexenal”.
Fuente: Apro
