En México “el hilo siempre se revienta por lo más delgado”. En el caso de la muerte de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, hay siete militares detenidos pero ningún alto mando consignado y es necesario que se investigue su participación, solicitó Amnistía Internacional.
Perseo Quiroz, integrante de AI y de la Comisión Especial que colabora en la investigación del caso, cuestionó que ningún alto mando haya sido consignado a pesar de que hubo “involucramiento” de su parte por no detener el acto, encubrirlo o consignar a los responsables.
La Procuraduría General de la República (PGR), abundó, debe investigarlos porque si bien se debe sancionar a quienes jalaron el gatillo, también a los mandos que estuvieron al tanto de los hechos.
“El hilo en México siempre se revienta por lo más delgado, si bien es cierto que hay siete militares involucrados en el caso Tlatlaya o que están siendo investigados, no hay ningún nivel de mando alto, cuando todas las versiones, testimonios, que se han dado hacen suponer que niveles altos de mando tuvieron involucramiento en el caso no jalando el gatillo directamente”, consideró Perseo Quiroz.
Por su parte, Ernesto López Portillo, presidente del Instituto para la Seguridad y la Democracia, cuestionó que haya una “fractura informativa” en los informes que realizan los integrantes de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que derivan en la inexistencia de información documentada.
“Si no existe un control sobre la supervisión, y no existe documentación e información, información documentada de los operativos, no es posible un control democrático sobre el uso de la fuerza”, advirtió.
La muerte de 22 personas en Tlatlaya a manos de integrantes del Ejército mexicano en condiciones aún no claras, marca “un síntoma” al interior de las fuerzas armadas que se debe focalizar, abundó.
Al respecto, Edgar Cortés, representante del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, condenó que no exista transparencia plena por parte de las autoridades para proporcionar información sobre las indagatorias.
Además pidió la tipificación del delito de “ejecución extrajudicial” así como mayor velocidad para la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas.
Fuente: Proceso
