Amnistía Internacional pidió al gobierno de Enrique Peña Nieto traducir en “medidas concretas y eficaces” las promesas que hará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU si quiere abordar la grave situación de los derechos humanos en el país.
El gobierno de México dará a conocer este jueves a los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuáles de sus 176 recomendaciones, formuladas en el pasado Examen Periódico Universal (EPU) adoptará.
Amnistía recordó en un comunicado de prensa que en la última comparecencia ante este órgano de derechos humanos, en 2009, México dijo que implementaría la mayoría de las recomendaciones. “Sin embargo, no tomó medidas en muchas áreas para prevenir la crisis de derechos humanos, que continúa hasta la fecha”.
Al respecto, Salil Shetty, secretario general de Amnistía Internacional, dijo que “es vital que el gobierno trabaje con la sociedad civil para implementar unas medidas concretas y eficaces para abordar la crítica situación de los derechos humanos en México. El gobierno debe aportar recursos económicos y el apoyo político de las altas esferas en todos los niveles del Estado federal”.
Shetty dijo que estas medidas deben llevarse a cabo pata “abordar las constantes vigentes de desapariciones, torturas, detenciones arbitrarias y ataques habituales contra defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas, mujeres y personas migrantes. México no debe volver a incumplir sus promesas a la comunidad internacional”.
Por su parte, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) documentó el asesinato de 5 defensoras de derechos humanos, lo que suma el registro de 30 asesinatos de defensoras de 2010 a 2013.
Por medio de un boletín dijo que estas muertes evidencian “el riesgo y el contexto de violencia en el que las defensoras realizan su labor, el cual se ha agudizado ante el aumento en los índices de violencia y militarización de la seguridad pública, lo que ha impactado de manera directa en el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, incrementando el número de ataques y agresiones hacia quienes han alzado su voz contra el poder”.
De acuerdo al registro nacional de la RNDDHM, en 2013 -al igual que en 2012- las defensoras con el mayor número de agresiones fueron quienes defienden los derechos de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas y quienes defienden el derecho a la información y a la libertad de expresión. Asimismo documentó como principales tipos de agresiones contra las defensoras las amenazas, hostigamiento, intimidación y campañas de desprestigio.
En todos ellos dijo “prevalece una total impunidad, acompañada de la ausencia de diseño e implementación de medidas de protección con perspectiva de género y etnicidad”. Por ello la RNDDHM pidió al gobierno mexicano fortalecer y aplicar de manera inmediata a todos los niveles el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Además de garantizar la seguridad y protección de las personas defensoras comunitarias del derecho a la tierra, el territorio y un medio ambiente sano, a través de medidas colectivas e individuales de protección y prevención. Y generar una base de datos desagregada por edad, sexo y etnia en el Mecanismo de Protección, así como una guía que permita implementar medidas de protección con indicadores y perspectiva de género para las defensoras de derechos humanos.
Por su parte, Amnistía indicó que aunque es positivo que el gobierno mexicano haya anunciado que aceptará la mayoría de las recomendaciones, “hay indicios preocupantes de que esto sólo represente que todo sigue igual y su cumplimiento sea sólo retórico”.
Criticó el hecho de que no se hayan aceptado las recomendaciones para abolir la práctica del arraigo, la que consideró una importante cuestión de derechos humanos.
“Las órdenes de arraigo abren la puerta a múltiples violaciones de derechos humanos, como la tortura y las confesiones forzadas, que dan pie a juicios injustos. La negativa a abolir esta práctica es una señal muy negativa del compromiso real del gobierno de defender los derechos humanos de todas las personas”, dijo Salil Shetty.
Otra tema que abordó Amnistía en su pronunciamiento es cuestión de la reforma del Código de Justicia Militar, donde México ha aceptado las recomendaciones encaminadas a garantizar que se investigan, persiguen y juzgan en el sistema de justicia civil todas las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas.
Precisó que esa reforma es debatida en el Senado, la cual potencialmente excluiría de la justicia militar las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra civiles.
Sin embargo, lamentó que dicha medida no se aplicaría a las violaciones de derechos humanos cometidas por militares contra otro personal militar. Aunque la propuesta va en la dirección correcta, sigue sin cumplir totalmente las normas internacionales de derechos humanos, pese a las afirmaciones del gobierno en sentido contrario.
“Detectamos una preocupante autocomplacencia en la actitud de México ante el Consejo. Afirma que las medidas legislativas y administrativas en curso equivalen al cumplimiento de muchas de las recomendaciones de la ONU, pero no son suficientes para solucionar los críticos problemas que tiene el país en el campo de los derechos humanos”, prosiguió Salil Shetty.
“Esta actitud hace caso omiso del drama de quienes sufren las consecuencias de las violaciones de derechos humanos. La experiencia cotidiana de las familias de los desaparecidos y de las víctimas de la tortura, los homicidios y la violencia no ha cambiado. Para ellas las promesas del gobierno parecen vacías e ineficaces; la impunidad impera.”
Amnistía Internacional dijo que ha pedido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano que implemente con carácter urgente las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos para abordar las violaciones de derechos humanos y la impunidad generalizadas.
Esto incluye:
1. Garantizar la protección de las normas internacionales de derechos humanos en todas las operaciones policiales y de seguridad, lo que incluye una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial de todas las violaciones de estos derechos
2. Adoptar medidas concretas y eficaces para prevenir y castigar la tortura y los malos tratos Reforzar las medidas para investigar los secuestros y las desapariciones forzadas, lo que incluye procedimientos para localizar a las víctimas y hacer que los responsables rindan cuentas de sus actos
3. Reforzar los mecanismos de protección integral para los defensores y defensoras de derechos humanos y los periodistas a fin de detener los ataques contra ellos y garantizar que los responsables de estos ataques comparecen ante la justicia Implementar medidas eficaces para prevenir y castigar todas las formas de violencia contra las mujeres
4. Reforzar las medidas para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres poniendo fin a la penalización del aborto y garantizando que las mujeres y niñas tienen acceso a un aborto sin riesgos en casos de violación, incesto y cuando corra peligro la salud de la mujer o la niña
5. Garantizar que los proyectos de extracción de recursos y desarrollo económico que afectan a los pueblos indígenas se llevan a cabo únicamente tras obtener su consentimiento libre, previo e informado
6. Prevenir y castigar los abusos contra las personas migrantes en tránsito, sean cometidos por bandas delictivas o por funcionarios públicos
Fuente: Sin Embargo
