La organización Amnistía Internacional (AI) demandó al gobierno mexicano tomar “medidas serias” para frenar la desaparición de miles de personas en el país.
Luego de que el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas concluyó que hay “un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte” de México, “muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”, AI exigió al gobierno de Enrique Peña Nieto “un cambio tangible y urgente en la legislación para hacer frente a esta situación política”.
“Más de 22 mil 600 personas han desaparecido en México en los últimos ocho años, mientras miles de personas esperan noticias en angustia, confusión e inseguridad sobre lo que ha ocurrido a sus seres queridos. Las recomendaciones al gobierno mexicano no pueden ser sólo palabras sin fundamento”, precisó Erika Guevara Rosas, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas.
En un comunicado, la organización detalló que de acuerdo con cifras oficiales, casi 50 % de esas 22 mil 600 desapariciones ocurrieron entre 2012 y 2014, bajo la actual administración de Peña.
Los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, fueron algunos de los que contaron al Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU la angustia de perder a un ser querido y su ira contra los intentos del gobierno para cerrar prematuramente la investigación, apuntó.
En la información que presentó al Comité de la ONU, Amnistía Internacional resaltó “el enorme problema de impunidad y la falta de investigaciones adecuadas”, así como la necesidad de una amplia base de datos y protocolos para la búsqueda de las personas desaparecidas y la falta de atención otorgada a las víctimas, incluida la reparación integral.
En las observaciones que presentó hoy el Comité de la ONU en Ginebra, luego de examinar la situación de México en materia de desapariciones, pidió al gobierno “aplicar sus recomendaciones” con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sean plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
Fuente: Proceso
