Una revisión independiente auspiciada por Amnistía Internacional (AI) confirmó la autenticidad de los videos sobre la ejecución extrajudicial de un civil a manos de un soldado del Ejército Mexicano, durante un operativo del 3 de mayo en Palmarito Tochapan, Puebla, en el que murieron 10 personas, cuatro de ellas militares.
“Todos los indicios señalan que miembros del Ejército Mexicano han cometido una ejecución extrajudicial, que es un crimen de derecho internacional”, sostuvo Ericka Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional, al tiempo que exigió “una investigación civil urgente” que esclarezca la responsabilidad de los mandos superiores.
En un comunicado, Amnistía Internacional detalló que a partir de la publicación de videos en redes sociales y en diversos medios, encomendó un peritaje independiente para analizar si esos documentos fueron alterados o manipulados.
La organización recuerda que en sendos comunicados oficiales, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) confirmó que el 3 de mayo pasado, tropas realizaron dos operativos de seguridad en Palmarito Tochapan, resultando en la última de ellas un enfrentamiento entre soldados y presuntos delincuentes con un saldo de cinco muertos, dos de ellos militares. Unos días más tarde, se darían a conocer los videos en los que se advierte a un soldado disparar a quemarropa a una persona sometida en el suelo y al parecer herida.
“Amnistía Internacional ha verificado de forma independiente las imágenes sin encontrar ningún indicio de que hubieran sido editadas o manipuladas”, se destacó en el comunicado.
Añadió: “La organización también ha verificado que las imágenes se tomaron en Palmarito Tochapan, que el video no se publicó en internet antes del 4 de mayo de 2017, y que los uniformes, armas y vehículos que aparecen en él coinciden con los de otras imágenes de las fuerzas armadas de México”.
Tras resaltar que las imágenes se dieron a conocer en el contexto de la intención del gobierno de Enrique Peña Nieto de aprobar la Ley de Seguridad Interior, que le daría plenas facultades a las Fuerzas Armadas para mantenerse en las calles, Guevara Rosas alertó que los videos confirman lo que han denunciado los activistas de derechos humanos durante años: “las fuerzas armadas mexicanas están fuera de control y nunca se les debería encomendar operaciones de seguridad pública”.
La defensora puntualizó que mantener al ejército en las calles para detener personas e investigar delitos “es indignante a la vista del trágico historial de derechos humanos de las fuerzas armadas mexicanas”, y que haberlo hecho en los últimos 10 años “es una estrategia mal planteada que ya ha demostrado su total ineficacia”.
Llamó a las autoridades mexicanas a cambiar su modelo de seguridad, “en lugar de tratar de combatir la violencia con más violencia y de correr el riesgo de convertirse en otro grupo criminal, las autoridades mexicanas deberían centrarse en su obligación de proteger los derechos y la seguridad de todas las personas”, subrayó.
La organización resaltó que “el caso surge en medio de un debate nacional en torno a un proyecto de ley sobre ‘seguridad interna’ que encargará a las Fuerzas Armadas su participación en algunas operaciones de seguridad que debería llevar a cabo la policía y que incluye conferirles facultades para detener a personas, reunir y procesar pruebas, y participar en la investigación de los delitos”.
Al puntualizar que los indicios apuntan a que miembros de la Sedena son responsables de una ejecución extrajudicial en Palmarito, Amnistía Internacional insistió en su exigencia a las autoridades de “una investigación civil, imparcial, independiente y efectiva del personal militar implicado en el caso, incluidas las personas con mando o responsabilidad superior”.
Fuente: Proceso
