El presidente electo Andrés Manuel López Obrador afirmó hoy que su gobierno “no le apostará a la guerra” y que tampoco ordenará acciones de “violencia extrema” contra la población, tomando en cuenta que el jefe de Estado, dijo, “es el principal responsable de la situación de violencia”.
Al culminar la ceremonia de clausura del proceso de Consulta para la Pacificación y la Reconciliación Nacional –que se realizó los últimos dos meses y medio-, el tabasqueño condenó la práctica de “echarle la culpa siempre a los de abajo, a los que reciben órdenes”.
En la antigua cárcel de Lecumberri, ahora sede del Archivo General de la Nación (AGN), López Obrador detalló ocho compromisos de su gobierno para conseguir la paz en México, con base en el referente religioso “el amor al prójimo”, y resaltó que no quieren “derramamientos de sangre”.
Puntualizó que terminará con el modelo económico neoliberal –“causa de la violencia”–, fomentará la cultura de derechos humanos en la policía y el Ejército, reforzará la atención a las víctimas, instalará comisiones de la verdad y la justicia, liberará los presos políticos y abrirá las puertas al monitoreo de la sociedad civil y de organismos internacionales.
Y tras reiterar que cambiará la política de combate a las drogas, envió un mensaje entre líneas al gobierno de Estados Unidos, donde señaló que cabildea en Latinoamérica para volver a las políticas de mano dura contra la producción y el tráfico de drogas.
Soltó: “Somos independientes, sólo tenemos como amos al pueblo de México. Vamos a actuar sin subordinarnos a ningún gobierno”.
El presidente electo también manifestó que la comisión de la verdad sobre la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa llegará “al fondo”, y rechazó el argumento de que la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudiera verse debilitada, pues “cuando se actúa con la verdad –apuntó– las instituciones salen fortalecidas”.
Subrayó: “En el caso de que estuviesen involucrados miembros de esta institución, saldría fortalecida”.
Flanqueado por Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo –próximos titulares de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Seguridad Pública (SSP), respectivamente-, López Obrador recibió de ciudadanos y activistas 32 relatorías y una síntesis general del proceso de consulta lanzado el pasado 7 de agosto.
Dicho proceso se realizó a través de 16 foros regionales, reuniones sobre temas específicos y una plataforma electrónica que busca reunir las voces de las víctimas y demás actores de la violencia en México, para elaborar la política pública de la próxima administración.
Loretta Ortiz, a quien el presidente electo pidió llevar a bien el encargo –con dificultades y jaloneos internos en el futuro gabinete–, afirmó que este es solamente “un primer y pequeño primer paso en una tarea de una complejidad y magnitud enormes”.
Advirtió: “Promover el diálogo es un proceso difícil, laborioso y novedoso en un país donde no tenemos puentes entre grupos diversos, es un proceso complicado para muchos que viven en el miedo por sus vidas, trabajo y patrimonio, es un proceso que recibirá golpes de quienes se oponen a la paz y la reconciliación”.
Y al recordar que “familias enteras reclaman la indiferencia del Estado y esto va a cambiar”, Sánchez Cordero sentenció: “En los últimos meses hemos escuchado el reclamo justo, el grito adolorido”.
“La responsabilidad es inmensa (…) recibimos un país violento y dolido, el reto es monumental”, confesó la futura titular de la Segob, quien prometió que en el próximo gobierno no habrá “más simulación en materia de derechos humanos”.
De igual manera, dijo, la administración reconocerá el involucramiento de agentes del Estado en asesinatos y desapariciones forzadas, y recalcó que son los familiares –y no las autoridades– los que buscan a los desaparecidos, además de que el índice de feminicidios creció de manera “exponencial”.
Insistió que en todas las reuniones les dicen: “Están matando a nuestras mujeres”, y añadió: “En la Segob tendremos el mandato de buscar a decenas de miles de personas desaparecidas, que es la mayor deuda del Estado mexicano (…) con nosotros nunca más van a estar solos”.
En su oportunidad, Durazo manifestó que algunos de los elementos destacados de las relatorías, entre ellos “los jóvenes de entre 13 y 30 años, son carne de cañón para la delincuencia organizada”, y se requiere dejar de lado el enfoque represivo de la política antidrogas.
“La pacificación debe ser el eje central de todas las políticas públicas”, refrendó el futuro jefe de la seguridad en México, quien momentos antes había insistido en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad en las corporaciones policiacas.
A diferencia de los anteriores eventos, en los que brotaron los reclamos de víctimas, y donde a veces el futuro gabinete pasó malos momentos –como en el Segundo Diálogo por la Paz, el pasado 14 de septiembre–, la ceremonia de entrega de los resultados de la consulta que se llevó a cabo hoy en el AGN se vistió de formalismo e institucionalidad.
En la sala se encontraban integrantes del futuro gabinete, legisladores, funcionarios, religiosos y activistas, quienes permanecieron en silencio durante las ponencias y aplaudieron respetuosamente cuando terminaban.
Hasta el nuncio apostólico Franco Coppola, representante del Vaticano en México, leyó una carta del Papa Francisco, en la que expresó su “satisfacción” sobre el proceso de paz y refrendó el compromiso de la institución que dirige para acompañarlo.
Carmen Moreno Toscano, secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, exhortó el próximo gobierno a poner a las mujeres en el centro de su política de reconciliación, pues “cuando las mujeres participan en los procesos de paz, los hacen más fuertes y duraderos”, aseveró.
Luego de solicitarle a López Obrador que destine 1% del presupuesto al combate a la violencia de género, añadió: “Señor presidente, las mujeres no quieren ser víctimas ni victimizadas (…) quieren igualdad, ni más ni menos”.
Fuente: Proceso
