Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y la plataforma independentista Ómnium Cultural, se encuentran en la prisión de alta seguridad de Soto del Real desde hace un año, en lo que se denomina “prisión provisional” o “cautelar” a la espera de que sean juzgados por un tribunal. La organización de defensa de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) calificó de “injustificable” su situación y reclamó al Estado español su liberación “inmediata”.
Los conocidos también como “los Jordis” fueron citados a comparecer ante la Audiencia Nacional el 16 de octubre del 2017, bajo la acusación cursada por la juez Carmen Lamela de los delitos de “sedición”. Los líderes separatistas fueron investigados y señalados por los hechos que ocurrieron en Barcelona el 20 y el 21 de septiembre del año pasado, cuando se concentraron en la Consejería de Economía del gobierno catalán miles de personas, supuestamente convocados por sus asociaciones, para impedir que una delegación judicial enviada por los tribunales españoles registrara y se incautara de documentos y pruebas relacionadas con el proceso separatista.
Tanto Sánchez como Cuixart estuvieron presentes en las protestas, de hecho hay varias fotografías de ellos parados encima de una patrulla de la Guardia Civil que había sido atacada por los manifestantes y con el megáfono en mano hablaban a la ciudadanía ahí congregada.
En base a esos hechos, la juez de la Audiencia Nacional decidió abrirles un proceso por el delito de “sedición”, al que sumó varios cargos más por su supuesta vinculación a la preparación del referendo de independencia, calificado por la justicia española como ilegal, y por la posterior declaración unilateral fallida de secesión.
Tras su comparecencia fueron enviados de inmediato a la prisión alta seguridad de Soto del Real, donde suelen enviar a los presos más peligrosos del país y en el que han tenido que someterse a un estricto método de enclaustramiento.
Fuente: La Jornada
El presidente de AI en España. Esteban Beltrán, advirtió que la prisión cautelar es una medida que constituye una “restricción excesiva” y desproporcionada de sus derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica. De hecho citó dos resoluciones recientes, de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo, en la que se rechazaron las peticiones de libertad. El Tribunal Constitucional también rechazósuspender cautelarmente la situación de prisión provisional de Jordi Sánchez en al menos tres ocasiones. “En lugar de aprovechar la oportunidad para poner fin a la detención de Jordi Sànchez y de Jordi Cuixart, las autoridades judiciales han agravado esta injusticia”, aseguró Beltrán.
AI advirtió que “los cargos que pesan contra los Jordis, según la información de la que dispone Amnistía Internacional, son injustificados y, por tanto, deben ser retirados. En caso de demostrarse que convocaron a manifestantes con el fin de impedir una operación policial lícita, esto podría ser perseguido, ya que podría tratarse de una alteración de orden público, y ser objeto de sanción penal. Pero atribuirles delitos graves como la rebelión o la sedición es desproporcionado y una restricción excesiva de su derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica”, añadió Adriana Ribas, coordinadora de AI en Cataluña.
