Estados Unidos está encerrando más inmigrantes irregulares que nunca y eso ha generado un negocio lucrativo para las mayores empresas privadas de reclusorios. Una investigación de The Associated Press descubrió que esas compañías han gastado decenas de millones de dólares en cabildeos para influir en los legisladores y han aportado generosamente a sus campañas electorales.
El costo para el erario llegará este año a 2 mil millones de dólares y en los próximos años las empresas calculan que recibirán aún mucho más dinero gracias a los planes gubernamentales para albergar a los 400 mil inmigrantes ilegales detenidos anualmente.
Tras una década de expansión, el sistema privado que regenta centros de detención va desde un suburbio de Denver a la zona industrial adyacente al aeropuerto de Newark. El sistema es en su mayoría controlado solamente por tres empresas.
El crecimiento no ha bajado su ritmo, pese a la baja de inmigrantes sin papeles en los últimos años.
En 2011, casi la mitad de las camas en el sistema de detenciones civiles estaban en centros privados con escasa supervisión federal, frente al 10% hace una década.
Las empresas recibieron además fondos de filiales que imparten cuidados médicos y transporte. Tienen encerrados más inmigrantes ilegales hallados culpables de delitos federales en su sistema de reclusorios privados.
La bonanza financiera, que sacó casi de la bancarrota a varias de esas empresas, ocurrió pese a que los funcionarios federales reconocieron que la privatización no es necesariamente más barata.
El cambio generalizado al sistema de reclusorios privados comenzó discretamente. Aunque el Congreso no ha logrado enmendar las leyes de inmigración, sus gestiones para aumentar el dinero que el erario destina a los centros privados de detención atrajo mucha menos atención.
Los gigantes del sector –Corrections Corporation of America, The GEO Group y Management and Training Corp.- han gastado por lo menos 45 millones de dólares en donaciones electorales y cabildeo en la última década, descubrió AP.
CCA y GEO, que administran la mayoría de prisiones privadas, insistieron que no influyen en los legisladores para ganar más. “CCA no cabildea en temas que establecen las bases para la detención o encarcelamiento individual”, dijo el vocero de CCA Steve Owen en un correo electrónico enviado a la AP.
Las empresas privadas sostienen que pueden ahorrar dinero al erario en los centros que regentan.
A más detenidos, mayor el negocio
Hace diez años, unos 3.300 inmigrantes indocumentados se contenían en prisiones privadas. Ahora, ese número ha crecido hasta más de 23.000. Con este aumento de los detenidos, las empresas privadas de reclusorios en EU han visto aumentar su ingreso de 760 millones de dólares a 5.100 millones.
“Si el dinero se está incrementando de manera significativa a la esfera de la inmigración ilegal, entonces eso es un cambio de política … un cambio significativo “, dijo James Thurber, director del Centro de la Universidad Americana de Estudios del Congreso y del Presidente (American University’s Center for Congressional & Presidential Studies).
Según las revelaciones de AP, el senador John McCain recibió 71.000 dólares después de que dejara de apoyar un proyecto de ley que daría a los inmigrantes indocumentados un camino para recibir la ciudadanía. El republicano John Boehner, que votó a favor de las iniciativas que ayudarían a reducir la inmigración ilegal, recibió 63.000 dólares.
A los Comités del Partido Republicano, que en general apoyan un sistema de inmigración duro, les dieron 450.000 dólares en donaciones, mientras que los demócratas recibieron menos de la mitad de esa cantidad.
Una gran parte de las empresas que cabildean fondos para las cárceles privadas se han trasladado a los estados fronterizos de EU, como Texas, u otros estados que tienen un alto número de inmigrantes, como Florida.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene planes de construir o ampliar las cárceles privadas para inmigrantes en Newark, Nueva Jersey, en los suburbios de Chicago y en el desierto de Mojave California.
Pedro Guzmán pasó 19 meses encerrado en un centro de detención privado. A pesar de que estaba casado con una estadounidense, el ICE consideró que su estadía en el país era ilegal después de que se perdiera su solicitud de asilo.
Tras pasar un año y medio encerrado, se le concedió una residencia permanente legal. “Es un negocio millonario, y reciben ganancias de cada persona que ingresa aquí cada noche. Y el dinero de los contribuyentes cada día se destina para financiar esto”, dijo.
Mientras que el presidente Barack Obama urge a buscar alternativas para mejorar la situación de los indocumentados en el país, el Congreso puede aprobar cualquier nivel de financiamiento de las detenciones que quiere, dejando un hueco especial para las cárceles privadas.
Con información de AP y Rusia Today
