Los investigadores Norberto Emmerich y Joanna Rubio revisan la historia del ex mandatario colombiano. “En los 90 Uribe y Pablo Escobar eran amigos cercanos y socios comerciales. Pero mientras Escobar murió en 1993, Uribe se convirtió en presidente”, describen.
Por Norberto Emmerich y Joanna Rubio*
En los años 90 Álvaro Uribe Vélez y Pablo Escobar Gaviria eran amigos cercanos y socios comerciales. Pero mientras Escobar murió en un enfrentamiento policíaco en 1993, Uribe se convirtió en presidente de Colombia. ¿Quién fue el verdadero patrón del mal?
Hablar del ex presidente colombiano Álvaro Uribe es hablar de sus logros sociales en Antioquía y de corrupción, es hablar del senador estrella de 1990 y del escándalo de los “falsos positivos”, es hablar de libertad económica y dependencia de Estados Unidos. Es claro que hablar de Uribe es hablar de poder y de narcotráfico.
Uribe aplicó en Colombia lo que aprendió en un curso de Resolución de Conflictos en una escuela afiliada a Harvard (aunque la página de presidencia en Colombia dice que tiene una especialización en administración y gerencia de la Universidad de Harvard) y llevó un paso más allá los procesos de negociación con los grupos del narcotráfico.
En los Acuerdos de Santa Fe de Ralito, en el año 2003, Uribe puso sobre la mesa las reglas para pactar con el crimen organizado (paramilitares), en un proceso que significó un intento de cooptación de estos grupos por parte del Estado. Entre líneas el gobierno de Uribe aceptó su relación con el narcotráfico con el fin de encontrar un punto de equilibro.
En los hechos, y a pesar de las expresiones, no hubo una guerra contra el narco sino que se pactó con él para obtener un cambio del régimen de acumulación. Y así lo dejó claro el líder las AUC, Salvatore Mancuso, en su discurso del 28 de julio de 2004 al Congreso de la Nación: “la razón por la que iniciamos esta negociación política no está muy lejos del sentido común, y por eso genera solidaridad. Creemos que hoy se está trabajando en la dirección adecuada para el fortalecimiento del Estado y sus instituciones. Es la gran oportunidad de otorgar un voto de confianza en el futuro de nuestro país, sumándonos a 44 millones de personas empeñadas en la construcción de una democracia más legítima y de un Estado más fuerte, más eficiente, más justo y más responsable”.
De narcos y paramilitares
Pero más honesta era la alianza entre el líder paramilitar Carlos Castaño con el narcotraficante Orlando Henao, que estaba presente en todo el nordeste del país hasta el litoral Pacífico, desde la frontera de Panamá hasta la frontera con el Ecuador.
Carlos Castaño declaró sin miramientos que financiaba su movimiento con las ganancias de los cocaleros, aunque se mostró más discreto sobre los aportes de los actores económicos financieros del establishment.
En la zona de Catatumbo se desplazaba en un helicóptero que jamás fue detectado por los aviones de la Fuerza aérea colombiana ni por los radares norteamericanos. Por otro lado, contrariamente a lo que sucedía con las FARC y el ELN, los paramilitares no figuran en la lista de organizaciones terroristas elaborada por el gobierno de Estados Unidos. Phil Chicola, jefe de la Oficina de Asuntos Andinos del Departamento de Estado, lo explicó: “de acuerdo con la ley estos grupos deberán cometer acciones que amenacen los intereses nacionales de Estados Unidos para poder ser incluidos formalmente en la lista”. La posterior inclusión de los paramilitares entre las organizaciones terroristas del Departamento de Estado, demorada hasta el límite de lo soportable, terminó por generar una crisis en la organización de Carlos Castaño y desencadenó su renuncia a la conducción militar.
Pero la alianza de narcos y paramilitares incluía también a las Fuerzas Armadas: en 1997, 1998 y 1999 una investigación del gobierno encontró evidencia de que los oficiales del ejército trabajaban íntimamente con los paramilitares bajo el comando de Carlos Castaño.
Compartían inteligencia, planificación y llevaban adelante operaciones conjuntas, proveían armas y municiones, apoyo con helicópteros y ayuda médica, coordinados sobre una base diaria. Algunos de los oficiales involucrados permanecían en servicio activo y al comando de tropas.
En los Acuerdos de Santa Fe de Ralito el gobierno estuvo representado por Luis Carlos Restrepo, especialista en Psiquiatría, nombrado por Uribe como Alto Comisionado para la Paz en el año 2002. Estos Acuerdos expresan con una claridad que no se ha logrado en otro país, excepto en Estados Unidos, la lógica de acumulación económica capitalista en relación al crimen en general y al narcotráfico en particular.
En este sentido, la “solución” al problema del narcotráfico no implica su disolución sino un salto hacia adelante, una incorporación dentro del sistema, mediante el mecanismo de cooptación de oligarquías competitivas. Se creó el escenario para que un proceso de acumulación capitalista primitivo, como es típicamente el narcotráfico, se convierta en una acumulación capitalista normal. En la realidad este acuerdo impulsa un marco de impunidad en torno a los crímenes de lesa humanidad o al narcotráfico.
La reparación de las víctimas no resultó eficiente y algunas de las personas que la reclamaron han sido perseguidas o asesinadas. Esto significa que los acuerdos de cooptación no incorporan a todos los sectores “convocados”, sino solo a quienes sobreviven a la competencia inducida por la cooptación. Porque esta cooptación se da a “destiempo”, cuando el Estado nacional ya está medianamente conformado.
E implica (o debería implicar) el uso abrumador de la violencia estatal. Los sectores más aburguesados del crimen organizado se convirtieron en terratenientes del oriente colombiano, la droga siguió circulando sin interdicciones y el narcotráfico dejó de ser un actor político. Pero los sectores más “populares”, la mano de obra armada, quedaron relegados bajo la persecución jurídica y militar. Engrosaron luego las actuales Bacrim.
El 7 marzo de 2006 siendo Restrepo aún comisionado por la paz, montó una falsa desmovilización de 62 guerrilleros del frente “Cacica Gaitana” de las FARC. Según varios testimonios recopilados por el periódico el País[1], varios indigentes y desempleados (que incluían algunos pocos guerrilleros) recibieron un pago de 250 dólares para disfrazarse como miembros de las FARC y participar del montaje. Como consecuencia del escándalo la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra Restrepo. Sin embargo el ex comisionado para la Paz abandonó el país y fue declarado “preso ausente”.
Cooptación sí, guerra no
México tomó nota de la política de Uribe. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto y su gabinete decidieron no seguir la estrategia calderonista de guerra contra el narcotráfico. México, con grandes dificultades, está buscando llegar a acuerdos con estos grupos delictivos no solo para coaptarlos sino también para integrarlos al régimen político.
Álvaro Uribe fue un presidente que decidió pactar con el narcotráfico como una forma racional de ingresar al PIB una rama productiva que estaba operando en forma ilegal. Bajo una racionalidad netamente capitalista utilizó el ejercicio del poder para implementar un cambio radical en la economía política de Colombia.
La cooptación violenta significó un 46% de pobreza, 29 millones de personas; un 17,8% de indigencia, 9 millones de personas; un índice de desempleo del 12,8%; 32 pueblos aborígenes, sobre un total de 102, en riesgo de extinción; un índice de 59,2 en la escala de desigualdad social de Gini, el país más desigual del continente; la reducción de la participación de los trabajadores en el PBI nacional al 32%; 78.000 presos, 80% de ellos entre 18 y 29 años; en el año 2009 Colombia tenía 29.000 menores detenidos en virtud del Código de la Infancia; un gasto de defensa equivalente al 14.2% del PBI en el año 2010; 38.255 desaparecidos en el período 2007-2009; desplazamiento forzado de 2.4 millones de personas; utilización de la población civil en el conflicto armado bajo las modalidades de red de informantes, soldados por un día, estudiantes informantes, taxistas informantes, etc.; un alto grado de impunidad, con 35.353 paramilitares desmovilizados pero solo 698 de ellos siendo procesados; 1.200 casos de ejecuciones extrajudiciales investigadas por la Fiscalía General de la Nación; 7500 presos políticos, la mayoría por montajes judiciales.
El precio que pagará Uribe por hacer el trabajo sucio de la cooptación del narcotráfico, traducido luego en una apertura al capital internacional, todavía es impredecible. Fue el presidente que, con la política de los “falsos positivos” de su ministro de Defensa Juan Manuel Santos, disfrazó a por lo menos 3.500 muertos civiles como guerrilleros. Y el que “comunicó” la guerra contra las FARC como una guerra contra el narcotráfico a pesar de que mientras combatía a unos, negociaba con los otros.
Para Estados Unidos se estaba convirtiendo en un peligroso cabo suelto. La oligarquía financiera necesitaba un período de transición democrática y las transnacionales necesitaban convertir las grandes áreas despejadas por Uribe en zonas de producción de agrocombustibles y de recursos naturales. Necesitaban eliminar impuestos, una reforma laboral, optimizar la inversión extranjera, mayor seguridad jurídica y estabilidad fiscal. Por lo tanto se requería remover a la mafia del poder estatal. Todos los candidatos presidenciales del post uribismo eran manejables para estas tareas. Solo Gustavo Petro, como fue evidente años después, se salía del libreto, sobre todo cuando planteaba democratizar la tierra adquirida ilegalmente por los narcos.
Tras los acuerdos con los paramilitares/narcotráfico el campo colombiano recuperó lentamente la actividad productiva de plátano, yuca, arroz, hortalizas y frutas. Las negociaciones promovieron el ingreso de los líderes paramilitares al escenario político. Un estudio realizado por la Misión de Apoyo Electoral (MOE) reveló que de los últimos trece presidentes del Senado, sólo Claudia Blum de Barbieri no tenía conexiones con los paramilitares[2].
Finalmente varios miembros del Senado fueron sentenciados por la Corte de Justicia: Mario Uribe, que el 21 de febrero del 2011 fue condenado a siete años y seis meses de prisión por alianzas con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Miguel Pinedo, condenado a nueve años de prisión al comprobarse que se alió con Hernán Giraldo Serna, alias el ‘Patrón’ o el ‘Viejo’, para llegar al Congreso. Luis Humberto Gómez Gallo, condenado el 25 de mayo de 2011 a nueve años de cárcel por sus nexos con el bloque Tolima de las AUC, a través de su comandante ‘Elías’. Javier Cárceres, exsenador del Bolívar que fue condenado el 11 de abril del 2012 a nueve años de cárcel por sus reuniones con el jefe paramilitar ‘Juancho Dique’ en el año 2003.
En la Cámara de Diputados la situación era aún peor, 133 parlamentarios fueron investigador por sus nexos con los paramilitares. Los diálogos de paz concluyeron sin mayor éxito en 2007, apenas en su fase inicial. No se pudo estabilizar y consolidar la mesa formal de negociación de paz, incluso tras las 7 rondas de diálogo realizadas. Para su éxito era necesario un reconocimiento político del adversario, lo que no era políticamente viable.
El verdadero patrón del mal hizo su trabajo, y aunque puede caer en desgracia en cualquier momento, todavía es considerado “el gran colombiano”.
[1] Diario El País,15 de febrero de 2012. “La ‘Cacica Gaitana’ no es la única desmovilización falsa”: ex guerrillero de Farc,
(13/04/2014).
[2]Diario El Tiempo, 24 de Julio del 2012, De 13 expresidentes del Senado, 12 investigados por ‘parapolítica’. El Tiempo. http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12061682.html
* Norberto Emmerich (Prometeo – IAEN – Ecuador) y Joanna Rubio (Univ. de Guadalajara, Dep. de Estudios Políticos y Gobierno)
Fuente: Agencia Pacourondo
