Álvaro Uribe comparece ante la Corte Suprema

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El expresidente colombiano prestó declaración indagatoria en el marco de una investigación por presunto fraude procesal y soborno de testigos. Es la causa más complicada para una figura de la política colombiana que divide las aguas.

Una audiencia a puertas cerradas despierta un verdadero revuelo político y social en Colombia. El expresidente y actual senador Álvaro Uribe, un hombre con aires de intocable en el país sudamericano, presta declaración indagatoria ante la Corte Suprema de su país.

Uribe, presidente de Colombia entre 2002 y 2010, es investigado por presunto fraude procesal y soborno de testigos en relación a una denuncia por supuestos vínculos paramilitares contra el senador izquierdista Iván Cepeda, que se volvió en su contra.

Su llegada al Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, fue en silencio. Pero el ruido se presentó en las inmediaciones, donde grupos de seguidores y detractores se acercaron para presenciar un momento histórico en la política colombiana: la primera declaración de un expresidente ante el máximo tribunal de Justicia.

Los simpatizantes de Uribe –que el domingo 6 de octubre organizaron manifestaciones en distintas ciudades del país para mostrarle su apoyo- lo recibieron con vítores. En la otra vereda, y separados de los ‘uribistas’ por una fuerte presencia policial, sus opositores reclamaron “¡no más Uribe!”, un pedido extendido entre los detractores del exmandatario, figura central de la vida pública colombiana durante al menos los últimos 15 años.

Su ahijado político, el actual presidente Iván Duque, fue uno de los que ensayó una defensa del expresidente, a quien calificó como “una persona que ha entregado su vida a servirle a Colombia” y lo definió bajo el concepto de “honorabilidad”.

“Ha trabajado como pocas personas por el bienestar de este país todos los días de su vida. Es una persona que durante su Gobierno enfrentó la criminalidad con verticalidad y compromiso, una persona además que ha trabajado por la población más vulnerable de este país”, subrayó Duque, a la salida del Foro Educativo Nacional.

Por su parte, Iván Cepeda, el férreo opositor a Uribe que dio inicio al proceso en su contra, recalcó que el exmandatario “es una figura política relevante”, pero “no es un colombiano que se ubique en una dimensión de divinidad”, por lo que “tiene derechos y tiene deberes, y espero que los asuma”.

Una causa búmeran que convirtió a Uribe de denunciante en denunciado

El caso que más complica a Álvaro Uribe tuvo origen, paradójicamente, en una denuncia del propio exmandatario.

En 2012, Uribe acusó al senador del izquierdista Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, de reclutar falsos testigos a través de la visita de exparamilitares en las cárceles para convencerlos de declarar en su contra. Estos informantes declararon en dos debates parlamentarios, en 2012 y 2014.

Uno de esos testigos clave fue el antiguo paramilitar Juan Guillermo Monsalve, hijo de Óscar Monsalve, antiguo administrador de la finca Guacharacas, propiedad de la familia Uribe en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país.

Monsalve le contó a Cepeda en 2011 que tanto Álvaro Uribe como su hermano Santiago impulsaron en ese inmueble la creación del Bloque Metro de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Posteriormente, cambió su declaración y luego aludió esa modificación a las presuntas presiones de Diego Cadena, un abogado que también buscó testigos en las cárceles del país para declarar a favor de Uribe. Desde la defensa del expresidente aseguran que Cadena recogió esas declaraciones sin autorización del exmandatario.

De esta forma Uribe es el primer expresidente que responde a un proceso penal en la Corte Suprema de Justicia ya que por tener fuero de senador su caso le corresponde a ese tribunal y no a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que es la que se ocupa de los procesos a jefes de Estado y exmandatarios.

La situación jurídica de Uribe, de todos modos, tardará en resolverse. La Sala de Instrucción de la Corte reunirá todos los testimonios y observará las pruebas para decidir si avanza la investigación o si archiva el caso, medida que podría demorar días o semanas en concretarse. Además, si la pesquisa continúa, deberá decidir si es necesario dictar la prisión preventiva contra el expresidente.

Fuente: France 24/ EFE

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