El presidente Alberto Fernández exigió el cese de la feroz represión ordenada por el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que continuó ayer con saldo de cientos de heridos, algunos de gravedad, más detenidos y desaparecidos –cuyas familias los reclaman, ya que no figuran en las listas de presos– utilizando a la policía montada, que caza a manifestantes que son subidos a golpes a camionetas blancas sin placas.
En un tuit en el que se dirigió a Morales, el mandatario argentino afirmó: “usted es el único responsable de haber llevado a la provincia de Jujuy a esta situación límite tratando de imponer una reforma que no respeta la Constitución Nacional”, ya que prohíbe la protesta social.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner subrayó en Twitter que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció “sobre la represión que usted ordenó en su provincia, sosteniendo que ‘Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las protestas en Jujuy’. La comprensión del texto es para todos y todas, Morales.”
Comparó lo que que sucede en la provincia del noroeste con el 20 de diciembre de 2001, cuando el pueblo se lanzó a las calles, lo que terminó con un estado de sitio, 38 muertos en el país y la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, de la Unión Cívica Radical, a la cual pertenece Morales.
Paros en repudio a la violencia
En Jujuy hubo un paro en el transporte y la Confederación General del Trabajo anunció que se suma a la huelga convocada por su filial de Jujuy para hoy y mañana, mientras en esta capital hubo protestas en rechazo a la respuesta de Morales y en repudio a la violencia.
De manera insólita, el mandatario jujeño acusó al gobierno nacional, “al kirchnerismo y a la organización juvenil de la Cámpora” por lo acontecido en su estado, mientras la derechista coalición de Juntos por el Cambio y el ex presidente Mauricio Macri apoyaron a Morales, ante lo cual se analizó que esa provincia es un laboratorio de lo que prometían hacer los candidatos de la oposición para imponer los ajustes, con frases amenazantes como “cárcel o balas” para los que intenten oponerse.
Las imágenes de la televisión, en especial del Canal C5N, mostraron desde el comienzo de la represión, que el sábado pasado azotó a Pumamarca y a los pueblos originarios, que las balas de goma se dispararon sobre todo a la cabeza, a la cara de los pobladores, como hacían los carabineros de Chile.
Madres desesperadas buscan a sus hijos, varios de ellos menores de edad, y los vecinos denuncian el accionar de una cantidad cada vez mayor de infiltrados entre los que protestan, así como los operativos en domicilios, a los que entran destruyendo todo sin orden de allanamiento.
“Hubo más que la acción policial directa: metodologías que esconden más violencia, persecuciones, cacerías”, denuncian, y agregan que los infiltrados responden a la política de seguridad de Morales, lo que “viene acompañado de otro componente: culpar luego al grupo social por lo que hacen esos infiltrados, y atacarlo con violencia. Algo que sucede por estos lados con la policía local”.
“Hay muchas fake news y contamos con una buena cantidad de gente infiltrada que provoca, agita y confunde al resto de hermanos y hermanas que están haciendo este corte (bloqueo carretero)”, cuenta Milton, uno de los manifestantes, a Tiempo.
Añadió que “la gente se está agrupando; es una organización horizontal, no hay líder, como asegura el gobierno provincial de Morales, que dice que son gente de afuera, que son gente de izquierda, que son gente de Milagro Salas”, la dirigente del Movimiento Tupac Amaru, presa desde 2016, y símbolo de las acciones de Morales, que maneja a la Corte Suprema de Justicia del lugar.
En las últimas horas se multiplicaron los operativos policiales en la capital provincial, San Salvador, y otras poblaciones. “Camionetas circulan por diferentes zonas obreras. Se presentan sin orden de allanamiento, ingresan a las casas”. Anoche continuaban llegando a la cárcel de Alto Comedero más detenidos, las organizaciones hablan de más de 50, y denuncian desapariciones.
“En medio de la represión en Jujuy, dos jueces y un fiscal fueron a la casa de Milagro Sala, donde permanece ilegalmente en detención domiciliaria y con la salud quebrantada. Le pidieron ver su celular. No había orden judicial”, denunció Eli Gómez Alcorta, ex abogada de la dirigente, y dijo que “fue un allanamiento implícito. Una patota (banda) de matones disfrazados de magistrados. Eso es lo que son”.
Fuente: La Jornada
