El gobierno del presidente Alberto Fernández rechazó la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no prorrogar el mandato del titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, que concluyó a mediados de agosto.
La cancillería argentina fijó su posición en un comunicado en el que sostiene que “no comparte las explicaciones del secretario general de la OEA Luis Almagro”, quien decidió no continuar “el proceso de renovación del mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo”.
“El secretario general desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inciso 3 del Reglamento de la Comisión” que prevé mecanismos para la separación del secretario ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión, añade el comunicado.
Almagro, sin embargo, comunicó por carta a la CIDH su decisión de no renovar el mandato de Abrão, lo que, según la Comisión, atenta contra su “autonomía e independencia”.
El comunicado especifica que “queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes”, en alusión a las denuncias sobre presuntas irregularidades que Almagro puso como argumento para no prorrogar el mandato de Abrão.
“No corresponde, entonces, que el secretario general se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH y ante esta situación Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del órgano principal de la OEA en la materia”, señala el comunicado.
Asimismo, insta “a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio”.
