Durante abril, los integrantes de las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos del Senado deberán analizar cinco proyectos de reforma constitucional, que se encuentran sobre la mesa, para limitar la contratación de deuda de estados y municipios.
Según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre del tercer trimestre de 2012, el monto total de la deuda de las entidades federativas y municipios ascendía a 406 mil 764.6 millones de pesos, sin que quede claro en qué se emplearon esos recursos, las tasas a las que se contrataron los créditos y las razones que los justifiquen.
Actualmente, ni en la propia Constitución, ni en la Ley General de Deuda, ni en la ley de Coordinación Fiscal existen referencias a límites de endeudamiento por parte de los gobiernos locales, sólo expresan las condicionantes que deben cumplir las entidades federativas para adquirir deuda cuando de por medio vayan como garantía las participaciones que correspondan a estados y municipios.
Ante este vacío legal, senadores de diversas bancadas han presentado diversas iniciativas de reforma constitucional y diversas leyes, para regular el endeudamiento estatal. Una de ellas fue propuesta por el líder de los senadores panistas, Ernesto Cordero Arroyo –respaldada por todo su grupo parlamentario–, plantea que los créditos que pretendan adquirir los gobiernos locales deberán ser autorizados por el Congreso federal.
También propone que los estados y municipios informen periódicamente al Poder Legislativo de la situación de esas deudas, en vez de sólo hacerlo en los congresos locales.
Otra propuesta está firmada por el líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa Patrón -cuenta con el aval de las bancadas del PRI y PVEM-, propone crear la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
Plantea que el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda, quede como aval de los créditos vía la suscripción de convenios. Para beneficiarse de esta disposición, el monto total de créditos estatales no deberá sobrepasar 3 por ciento del producto interno bruto ni 75 por ciento de los ingresos disponibles de cada entidad.
La propuesta priista es la única en su tipo que no plantea que el Congreso controle, regule o por lo menos, verifique, el endeudamiento estatal. Una iniciativa más, está firmada por el Senador perredista Armando Ríos Piter y propone crear el Sistema Nacional de Deuda para que, junto con el Sistema Nacional de Fiscalización, faculte al Congreso para reglamentar un registro de toda la actividad de deuda pública de los tres niveles de gobierno.
En otras palabras, que sea el Senado el que autorice nuevos créditos para los gobiernos locales y establecer límites “razonables” a las deudas locales para evitar un colapso en la economía nacional.
Otra, fue presentada por el Senador del PRD, Benjamín Robles Montoya. Plantea crear la Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública para las Entidades Federativas y Municipios, con el fin de regular el monto y topes máximos de endeudamientos en que incurren los estados de la República, así como llevar el control y registro de esas operaciones financieras.
Finalmente, se encuentra en el tintero la iniciativa firmada por el Senador perredista Mario Delgado, que pretende actualizar el modelo de finanzas públicas de todos los órdenes de gobierno, para garantizar el equilibrio presupuestal, y en el largo plazo, la sustentabilidad financiera.
Plantea crear un Registro Nacional de la Deuda, a cargo de la Secretaría de Hacienda, con información de la federación, estados y municipios, a la cual se incorporará la información de los créditos otorgados por bancos y los agentes estructuradores.
Para otorgar créditos, los bancos deberán verificar que los estados y municipios cuenten con la autorización de los Congresos locales para su contratación. A su vez, los gobiernos locales deberán hacer pública la fuente de pago del crédito contratado y las condiciones de contratación: tasa, plazo, calendario de pagos, entre otros.
Del 2000 al 2012 la deuda local subió 130%
Según datos de la Secretaría de Hacienda, el endeudamiento sub nacional pasó de 106 mil millones de pesos en el año 2000, a más de 244 mil millones de pesos en 2012. Es decir, aumentó en más de 130 por ciento durante los gobierno panistas y se desconoce en qué se emplearon esos recursos, afirmó el Diputado del PRI, Javier López Zavala.
“En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas”, indicó.
El sobre endeudamiento heredado por alcaldes y gobernadores a las administraciones que tomaron posesión a partir de 2012, ha provocado que alrededor de 124 municipios de Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se declararan en quiebra.
“El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de crecimiento, pues ésta representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28”, detalló el legislador priista.
Ante esto, el Diputado Javier López Zavala presentó una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución para fijar límites claros y precisos a la deuda de estados y municipios, que contribuirá a disminuir el costo de la deuda que cada día crece más.
Planteó que la deuda pública que se contrate para obra, reestructuración y financiamiento por estados y municipios, se destine exclusivamente a inversión pública productiva, que no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del estado.
Propuso, además, crear nuevos mecanismos que garanticen la rendición de cuentas, frenar la deuda, modificar la distribución de los recursos federales y fijar porcentaje máximo de endeudamiento.
“Proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva. La información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presentará de forma clara, sencilla y accesible no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general”, indicó.
Fuente: Sin Embargo
