La presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados confirmó que acusará a los consejeros electorales que votaron por aplazar la revocación de mandato de probable comisión del delito de coalición de servidores públicos, que se sanciona con prisión de dos a siete años.
Además, en caso de que prospere la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR), los diputados de Morena prevén el inicio de un juicio de procedencia para retirarles el fuero, y no presentarán solicitud de juicio político, como propuso el dirigente de su partido, Mario Delgado, porque está otra en trámite, de enero pasado, interpuesta por el PT, a la que se sumó Morena, por la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que retiró las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, fallo que fue ratificado en abril.
En entrevista, el presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna (Morena), explicó que en ese carácter recurrirá el acuerdo del fin de semana, porque la Cámara “es parte en el proceso, porque el INE nos demandó” ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no haber aprobado el presupuesto que solicitó para 2022.
“Pidió la suspensión de la consulta y la Corte se la negó. Sin embargo, de manera unilateral la pospuso, por lo que vamos a denunciar este incumplimiento ante la Corte y a presentar denuncias penales y administrativas por la probable comisión de un ilícito”. Los tres recursos se presentarán entre hoy y el miércoles, una vez que estén listos, informó.
Respecto a la denuncia penal, agregó que, como prevé el artículo 216 del Código Penal Federal, “cometen el delito de coalición de servidores públicos quienes teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas”.
Además, se les acusará por violación de una suspensión, a partir de lo que dispone la ley reglamentaria de las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Carta Magna, que regula las acciones y controversias constitucionales, dijo.
Asimismo, precisó que no ha tenido ninguna solicitud formal para interponer una controversia constitucional contra el acuerdo presidencial que “blinda” las obras prioritarias.
–¿Ahí la mesa no puede actuar conforme a sus atribuciones?
–Hay mucha diferencia, porque es un acto que emitió el Ejecutivo para funcionarios públicos federales. Ya cuando alguien me lo solicite, emitiría un pronunciamiento.
Fuente: La Jornada
