La controversia que impugna la remoción del Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Chihuahua al inicio del Gobierno de Javier Corral, superó este lunes obstáculos técnicos en la Suprema Corte de Justicia, que mañana resolverá el fondo del asunto.
El Pleno de la Corte resolvió, por 9 votos contra 2, que el Presidente del TSJ removido en noviembre de 2016, Gabriel Sepúlveda, sí estaba legitimado para promover la controversia a nombre del Poder Judicial estatal, pese a que no fue autorizado para ello por el Pleno de Magistrados del tribunal.
Además, por 7 votos contra 4, la Corte también determinó que sí se puede pronunciar sobre la Constitucionalidad del artículo segundo transitorio de la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, que fue el que ordenó remover al Presidente en funciones.
“Se entiende que al determinar al legislador local que el Presidente (del TSJ) dejaba de serlo, se violó el principio de división de Poderes e independencia judicial, por ser decisión que corresponde única y exclusivamente al Pleno del Tribunal Superior de Justicia”, explicó el Ministro Alberto Pérez Dayán, cuya propuesta de invalidez del segundo transitorio será discutida mañana.
En el tema de la legitimación de Sepúlveda para promover la controversia, la Ministra Margarita Luna Ramos insistió que era necesaria la autorización del Pleno del TSJ para impugnar la reforma ante la Corte, pero a fin de cuentas solo la apoyó Javier Láynez.
Este argumento también fue presentado a la Corte por el Ejecutivo de Chihuahua, y hace dos semanas, el actual Presidente del TSJ, Julio César Jiménez, había solicitado desechar la controversia por falta de legitimación de Sepúlveda.
De hecho, luego de este asunto, la Corte discutirá otra controversia que impugna una reforma de abril de 2017 a la Constitución de Chihuahua, por la que fue removido el Consejo de la Judicatura estatal, misma que fue presentada por Jiménez con aprobación previa del Pleno del TSJ.
En el tema del segundo transitorio, Luna consideró que los efectos legales de ese artículo ya se consumaron, pues Sepúlveda quedó fuera de la Presidencia, se eligió a Jiménez, y el periodo para el que Sepúlveda había sido nombrado terminó en octubre de 2017.
“¿Cuál sería el efecto de declarar la inconstitucionalidad del segundo transitorio?”, cuestionó la Ministra, a la que se sumaron Láynez, Jorge Pardo y el Presidente Luis María Aguilar.
El proyecto de Pérez Dayán propone dejar sin efectos la elección de Jiménez, lo que obligaría al TSJ a nombrar un nuevo Presidente, que podría ser Jiménez u otro Magistrado.
Si los cuatro Ministros que votaron por la improcedencia de estudiar el segundo transitorio insisten en su postura, como Luna Ramos anunció que hará, la Corte no tendría los ocho votos para invalidar dicho artículo.
Pérez Dayán también propone reconocer la validez del artículo 44 de la Ley Orgánica, que fijó cinco años de antigüedad como Magistrado para aspirar a la Presidencia del TSJ, lo que en su momento dejó fuera a varios Magistrados nominados por el ex Gobernador César Duarte.
Fuente: Reforma
