Investigadores y expertos en el tema de fracking denunciaron que los gobiernos federal y estatal apuestan a replicar la estrategia de Estados Unidos en la extracción de gas shale, a pesar de que hay evidencia de que el negocio beneficia a unos cuantos sectores porque los pozos producen poco y tienen poca vida.
En el marco del foro binacional “En defensa del desierto y el agua: ¡No fracking!”, realizado durante el fin de semana pasado, Luca Ferrari, investigador titular del Centro de Geociencias de la UNAM, explicó que en Estados Unidos, donde tienen años explotando pozos para extraer gas shale, la industria llegó a su tope en julio pasado.
De 2008 a la fecha, dijo, Estados Unidos llegó a su máximo en cuanto a la explotación del petróleo y gas de lutitas, debido a que su producción es muy cara y las compañías que se dedican a la extracción están fuertemente endeudadas.
Las empresas mantienen contratos con bancos pagando altas tasas de interés pese a que perforan cada vez menos pozos para fracking y la práctica comienza a declinar, alertó Ferrari.
En el caso de Chihuahua, con la construcción de seis gasoductos y los movimientos de compra venta de terrenos en las zonas que han anunciado como ricas en gas shale, subrayó, se deduce que se apuesta a replicar lo que ha hecho Estados Unidos en cuanto a la extracción.
En el estado, según la agrupación Chihuahua vs fracking, ya hay movimiento de compra-venta de terrenos en el Este y zona desértica de la entidad, en particular en municipios como Ojinaga, Coyame, Aldama, Aquiles Serdán, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe Distrito Bravos (estos últimos ubicados en el Valle de Juárez).
En ese negocio, afirmó Ferrari, ganan quienes se benefician con la especulación financiera, empresas de bienes raíces, bancos, empresas transportistas, constructores de carreteras y de infraestructura asociada que producen objetos no muy útiles pero dejan grandes ganancias.
El experto comentó que, de manera oficial, aún no hay fecha para lanzar las licitaciones para perforación y extracción de gas shale, pero afirmó que la Secretaría de Energía (Sener) ya sabe dónde están los bloques de territorio más prometedores.
En su participación, Rodolfo Bibiano Jiménez, de la red Unidos por los Derechos Humanos, habló de las afectaciones que ha dejado el fracking en la región de Totonacapan y la huasteca en el estado de Veracruz, ubicadas en la cuenca de Chicontepec.
“La llegada de Pemex a esa región, ha traído consigo inseguridad, en Emiliano Zapata crearon guardias comunitarios que cuidan por las noches, pero el fracking también ha contribuido al cambio climático, al calentamiento global”, señaló el activista veracruzano.
Y por si fuera poco, empresas como Pemex ofrecen trabajo mal pagado y ocupan a los pobladores de esa región, como cargadores, limpiadores y albañiles con sueldos muy bajos.
Manuel Llano, del grupo Cartocrítica, comentó que hasta junio de 2014, la industria de hidrocarburos abarcaba
alrededor del 7% del territorio nacional pero a la fecha no hay una cifra exacta de cuántos pozos existen.
Cuestionó a los asistentes al foro sobre cómo van a enfrentar los efectos del fracking, si no se sabe cuántos pozos hay y dónde.
El acceso a esa información, dijo, es difícil porque el empresario cuenta con información privilegiada, sabe qué hay debajo de determinados territorios y los propietarios no. Por ello, dijo, es necesario involucrarse en la solicitud de información y en exigir a las autoridades que la transparenten.
Actualmente, dijo, en México hay 29 mil pozos registrados pero la información es reservada con el pretexto de que es un tema de seguridad nacional, por ello –insistió– es necesario que los propietarios de las tierras que se busca explotar, exijan la información necesaria.
En su oportunidad, Mayeli Sánchez, del grupo Poder, destacó la defensa de las comunidades rarámuri porque han sido ejemplo de resistencia y de defensa de su medio ambiente.
El foro fue organizado por Chihuahua vs fracking, Alianza Mexicana contra el fracking y Fundación Henrich Böll y participaron ponentes de Veracruz, Puebla, indígenas de la Sierra Tarahumara afectadas por el gasoducto El Encino-Topolobampo, organizaciones civiles que hablaron del despojo y desplazamiento en el Valle de Juárez, entre otros.
En mesas de trabajo, representantes de las comunidades de San Luis Majimachi, Bosques San Elías Repechique y Pitorreal, compartieron con los expertos su experiencia con el gasoducto El Encino-Topolobampo,y su lucha por obtener la titularidad del territorio.
En su intervención, Wendy Lee, de la Bloomerg University de Pensilvania, advirtió que si no se actúa, las consecuencias negativas de la extracción del gas shale serán “irreversibles” y exhortó a los activistas a movilizarse principalmente a favor de las comunidades indígenas porque sus tierras están siendo saqueadas, explotadas y destruidas. La manifestación, dijo, es un acto de autodefensa.
Fuente: Proceso
