La Asamblea Legislativa del Distrito Federal tiene un funcionamiento deficiente de comisiones, falta de transparencia en el ejercicio del gasto, opacidad del trabajo legislativo y mal funcionamiento del sistema de control político y de fiscalización, según la organización Integralia.
Luis Carlos Ugalde, director de general de Integralia, organización que por segunda vez desarrolla el “Reporte Legislativo”, documento que contiene datos estadísticos, de operación y funcionamiento de la Asamblea del DF.
La ALDF es el órgano legislativo estatal más caro del país, con gran ineficiencia en el funcionamiento de sus comisiones, pues hay funciones duplicadas, además de que no se reúnen en tiempo y forma como se los ordena la ley, de acuerdo con el reporte.
En conferencia de prensa, Ugalde dijo que comisiones como las de Transparencia a la Gestión, de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda y la Registral y Notarial, que en el periodo de septiembre 2012 a abril 2013, sólo se reunieron en tres ocasiones, incumpliendo la ley que les obliga a sesionar al menos una vez al mes.
“En el caso de las comisiones especiales, aunque no están obligadas a sesionar mensualmente, llama la atención el número reducido de reuniones de trabajo. Por ejemplo, tres de ellas sólo han sesionado una vez, según el portal de la ALDF: Estudio y Análisis de las Finanzas Públicas, Límites Territoriales, y Fomento en Inversión en Infraestructura para la Ciudad”, dijo.
El informe resalta la opacidad que impera en el uso de prerrogativas, pues los grupos parlamentarios, ejemplifica, de 2009 a 2012 se entregaron 592 millones de pesos por este concepto, sin que reporten su uso.
Al mes, cada grupo parlamentario recibe 196 mil 801 pesos por legislador por concepto de prerrogativas y, pese a que la Ley de Transparencia obliga a presentar reporte de su ejecución, los informes que entregan los grupos parlamentarios son deficientes, explicó Ugalde.
“Como hay 66 legisladores, eso significa que se erogan 13 millones de pesos mensuales a los grupos parlamentarios.
“Aunque la ley de transparencia obliga a los grupos parlamentarios a transparentar el uso y destino de las subvenciones, la han incumplido desde 2011”, dijo el director de Integralia.
