Dos encuestas divulgadas en las últimas horas en Chile coincidieron en que el presidente Sebastián Piñera tiene paupérrimos niveles de aprobación de sólo un dígito, confirmando el abandono en que se encuentra por el desencanto de la situación económica derivada de la pandemia y por la conducción del país desde el estallido social de 2019.
La medición de la firma TuInfluyes.com marcó 7 por ciento de respaldo y 81 por ciento de desaprobación al gobernante, mientras el Centro de Estudios Públicos (CEP), vinculado al gran empresariado derechista, le dio 9 por ciento de aprobación y 74 por ciento de rechazo.
El mínimo respaldo social sólo es comparable con el apoyo de 6 por ciento que marcó tras los peores momentos de la crisis de gobernabilidad que siguió al levantamiento social del 19 de octubre de 2019.
Según los resultados del CEP, Piñera también es castigado en la evaluación de personajes políticos, donde queda en último lugar entre 23 nombres, con 11 por ciento positivo y 70 por ciento negativo.
De acuerdo con TuInfluyes.com, 72 por ciento tiene ninguna o poca confianza en la información oficial sobre la pandemia, 50 por ciento asegura no haber recibido ningún beneficio social y 45 por ciento califica su situación económica de mala o muy mala.
Los analistas enfatizan la soledad política en que está Piñera, abandonado en el Parlamento por su coalición Chile Vamos –cuyos diputados y senadores votan contra el gobierno y en coincidencia con la oposición–, sin posibilidad de iniciativa y con su gobierno desfondado, prácticamente sin base social.
“Las encuestas están dando consistentemente un nivel de aprobación menor a 10 por ciento al presidente. En esta ocasión fue de 9 puntos. Los últimos eventos han dejado al presidente totalmente solo. Ni sus propios partidos lo están apoyando en el Congreso, aprobando leyes que van en contra de lo que él quiere. Su única posibilidad es establecer algún tipo de acuerdo con la oposición en temas básicos como un paquete de ayuda social por la pandemia y un paquete de reforma tributaria. A Piñera se le acabó su tiempo político. Tenemos elecciones en mayo y en noviembre y no cabe duda que pasará como el presidente peor evaluado desde el retorno de la democracia”, dice Claudio Fuentes, analista político de la Universidad Diego Portales.
El académico hace ver que “la oposición ha propuesto negociar un paquete de ayuda social y reforma tributaria”, pero “el problema es el presidente, que no quiere hacerlo”. Tampoco le concede posibilidades a un remozamiento de la administración, ya que “aquí nos enfrentamos a una situación donde el presidente controla mucho la gestión de gobierno, por lo que no creo que cambie mucho con una renovación de gabinete”.
Axel Callís, director de TúInfluyes.com, señala que el gobierno está “desfondado”, sin capacidad de iniciativa ni de maniobra. “Cuando un gobierno pierde los pilares que le dan sustento a la gobernabilidad, es decir, sus bancadas parlamentarias, sus partidos políticos, sus candidatos presidenciales y ahora el Tribunal Constitucional, técnicamente ese gobierno está desfondado, porque no tiene ningún punto de apoyo para poder gobernar”, explica.
Asimismo, los ministros del Comité Político, aquellos a los que corresponde conducir la coordinación y acuerdos con el Parlamento y Chile Vamos, demuestran irrelevancia porque carecen de toda posibilidad de incidencia.
A la sumatoria de portazos en la cara que ha recibido Piñera de los suyos, se añadió esta semana el fracaso, cercano al ridículo, que sufrió en el Tribunal Constitucional (TC), bastión al cual tradicionalmente pide ayuda la derecha para bloquear leyes que le son desagradables. Ahora recurrió para impedir que una “reforma constitucional transitoria” aprobada de manera abrumadora, permitiera a los ahorradores de pensiones realizar un tercer retiro de 10 por ciento de sus fondos. El TC, por siete votos a tres, ni siquiera acogió a trámite la petición, desechándola en dos horas con el argumento de que había errores de forma en su redacción.
La desafección por el mandatario sigue manifestándose: ahora sus parlamentarios, en coincidencia con los opositores, están procurando legislar una reforma tributaria que grava a los ricos y reduce el IVA a ciertos bienes de consumo esenciales, invadiendo así la potestad presidencial de tener iniciativa exclusiva en materias de impuestos, gasto fiscal y seguridad social.
En la práctica, para muchos, quien gobierna es el Parlamento.
Fuente: La Jornada
