En una semana, Miguel Ángel Yunes Linares dejará la gubernatura de Veracruz, entidad donde los altos índices de violencia y seguridad no cedieron durante su miniadministración de sólo dos años. Baste un ejemplo: en los primeros nueve meses de este año hubo mil 520 homicidios –168 por mes–, de los cuales 940 fueron dolosos y más de 500 se cometieron con armas de fuego, según cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Uno de los más escandalosos incluye la reciente ejecución de Valeria Cruz Medel, hija de la diputada de Morena Carmen Medel.
Por Noé Zavaleta/ Proceso
XALAPA, Ver. El asesinato por “confusión” de Valeria Cruz Medel en Ciudad Mendoza el jueves 8 puso en evidencia que en los 24 meses de gobierno del panista Miguel Ángel Yunes Linares no se lograron disminuir los altos índices de violencia en la entidad.
El mismo jueves 8, El Richy, presunto victimario de la hija de Carmen Medel, la diputada de Morena, fue “privado de la vida” por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El gobernador Yunes Linares se apresuró a decir que los integrantes de esa organización criminal lo liquidaron por haber confundido a la joven con una integrante de Los Zetas.
Ese mismo día, el vocero del gobierno, Elías Assad, difundió un comunicado en el cual se jactaba de la “respuesta rápida y contundente” del mandatario para “esclarecer el homicidio”.
Lo cierto es que durante la gestión del panista Yunes Linares la inseguridad ha sido similar a la de la gestión del priista Javier Duarte de Ochoa, quien hoy purga una sentencia de nueve años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, y, según la Fiscalía General del Estado, tiene “una orden de aprehensión pendiente” por desaparición forzada.
El viernes 9, mientras Cruz Medel era velada en el municipio de Minatitlán, al norte de la entidad, en la colonia Círculo Michoacano, de Poza Rica, Rocío Ortiz, de 38 años, fue ultimada por dos sicarios cuando regresaba de dejar a su hijo de la telesecundaria donde estudiaba.
Los usuarios de las redes sociales reaccionaron indignados. “Como no es hija de nadie importante, nadie exigirá justicia por ella”, decía un tui que se multiplicó de inmediato.
El miércoles 14 por la noche cuatro hombres oriundos del Estado de México y de Hidalgo fueron ejecutados mientras cenaban en el restaurante La Leña Loca en el municipio de Sayula de Alemán, a orillas de la carretera federal Coatzacoalcos-Salina Cruz, al sur de Veracruz. Un sicario irrumpió en el negocio y disparó contra los comensales, cuyos cuerpos quedaron en el piso.
De acuerdo con cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en lo que va del año se han registrado en la entidad 168 homicidios por mes. De enero a septiembre, por ejemplo, hubo mil 520 homicidios, de los cuales 940 fueron dolosos y más de 500 se cometieron con armas de fuego.
El año pasado la situación fue más crítica incluso: 2 mil 306 homicidios, de los cuales mil 562 fueron dolosos y 911 con arma de fuego; hubo, además, 79 feminicidios.
Durante 2017, en el sur de Veracruz se recrudeció la pugna entre las células de Los Zetas, el CJNG y otras bandas independientes dedicadas al tráfico de combustible sustraído a los ductos de Pemex. En la zona norte –Poza Rica, Tuxpan, Álamo y Pánuco–, el Grupo Sombra, brazo armado del Cártel del Golfo, ha silenciado a varias comunidades y pueblos, mientras que en la región montañosa –el corredor industrial Córdoba-Orizaba– hay una disputa por las actividades ilícitas entre Sangre Nueva Zeta y CJNG, que incluye los secuestros, el huachicoleo, así como el cobro de piso y el robo a transportistas.
En el municipio de José Azueta, por ejemplo, integrantes del CJNG presuntamente influyeron para que fueran nombrados a modo los directores de la Policía y de Protección Civil; también intervienen en la asignación de contratos de obra y en el cobro de impuestos al comercio, según algunos correos electrónicos enviados por empleados del ayuntamiento.
Yunes Linares suele promocionarse mediante spots en los medios veracruzanos y en las redes sociales para presumir sus supuestos logros: “En sólo dos años recuperamos la paz y la estabilidad social; antes era un caos, hoy hay orden. Ha sido un placer servirles a los veracruzanos”.
Los desaparecidos de Yunes
Cuando doña Lidia Lara Tobón acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE) a preguntar por su medio hermano Ángel Gabriel Tobón Fuentes, de 17 años, y de otro joven, ambos desaparecidos el 7 de junio de 2017, los empleados de la dependencia le contestaron: “Búsquelo en la playa”.
No sólo eso. Dice que durante 72 horas los fiscales del puerto de Veracruz se rehusaron a recibir su denuncia: “Se encabronaron cuando les dije que iba a ir a las televisoras. Sólo así me tomaron la denuncia”.
En año y medio, doña Lidia ha buscado a su hermano en hospitales, cárceles y fosas clandestinas; incluso se integró al colectivo Solecito y tomó parte en la Caravana Internacional de Búsqueda en Vida de Desaparecidos, en la cual participan 90 personas –entre ellas 12 mujeres de Veracruz– de 45 municipios del país.
Lamenta que los próximos gobiernos federal y estatal, que encabezarán, respectivamente, Andrés Manuel López Obrador y Cuitláhuac García, tengan que comenzar de cero.
“Siento coraje –dice–. Al próximo gobierno tendré que presentarle de nueva cuenta el caso de Ángel Gabriel. Eso es un retroceso.”
Otro caso siniestro es el de José David García Chelius, de 19 años, levantado el 30 de octubre de 2016 en Infonavit Las Brisas, del puerto de Veracruz, cuando volvía de la discoteca Capezzio. Su madre, Jetzabé Chelius, asegura que a su hijo supuestamente se lo llevó el CJNG, pues en la casa a donde llegaron después del antro uno de los amigos de José David vendía droga.
“He buscado en cárceles, en Semefos, en Colinas de Santa Fe (el narcocementerio más grande en Latinoamérica); en Arbolillo, Alvarado. La fiscalía hizo las cosas a su manera, y sabemos que las autoridades están coludidas con la delincuencia”, asegura doña Jetzabé. Dice que desde que puso la denuncia ante la FGE la dependencia no le ha ayudado en nada.
En materia de procuración de justicia son muy magros los resultados del gobierno de Yunes Linares y de la FGE, encabezada por Jorge Winckler Ortiz. En la solicitud de transparencia 583/2018 derivada del recurso de revisión IVAI-REV/1255/2018/III, la FGE admite que en el caso de los 21 mil fragmentos de restos óseos y 282 cráneos encontrados en Colinas de Santa Fe, apenas 15 personas han sido identificadas y 12 entregadas a sus familiares; en el caso de Arbolillo en Alvarado, de 248 cuerpos hallados sólo ocho han sido identificados y cinco entregados a sus familiares. Fosas ya exhumadas durante esta administración.
En el caso del rezago que dejaron Javier Duarte y su fiscal Luis Ángel Bravo –quien hoy está preso por entorpecer la investigación de 16 desapariciones forzadas–, la fiscalía no avanzó en la identificación de cuerpos hallados en cementerios clandestinos. En el caso de los 38 localizados en el manglar “El Almendro”, en Alvarado, sólo uno fue reconocido.
De los siete cuerpos hallados en Playa La Cava, apenas cuatro fueron entregados a sus familiares. En el resto de las fosas masivas, 70% de los cuerpos tampoco han sido identificados a causa del desaseo ministerial que dejó la administración duartista, a la que se suma la indolencia de los colaboradores del actual gobierno.
Un fiscal anticorrupción solapador
El Fiscal Anticorrupción de Veracruz, Marcos Even Torres Zamudio, y el litigante Rodolfo Reuss, asesor del exsecretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, fueron grabados en “reclamo cordial” por un pacto que supuestamente hizo el gobernador Yunes Linares con el imputado Bermúdez para liberarlo en cinco años a cambio de entregar propiedades inmobiliarias de Duarte en Estados Unidos y en Veracruz, adquiridas con dinero público.
En el audio de 10 minutos, filtrado en redes sociales y en cadenas de correos electrónicos, se observa cuando Reuss le solicita a Torres Zamudio desistir de la acción penal en temas patrimoniales con Bermúdez Zurita, pues “don Arturo (ya) entregó todo”.
Y el fiscal Torres Zamudio responde: “Yo la instrucción que tengo de arriba es que se tienen que llevar a cabo las audiencias, posteriormente volveríamos a sentarnos y platicar”.
En el video el litigante Reuss insiste que desde prisión Bermúdez Zurita –recluido por delitos de enriquecimiento ilícito y desaparición forzada– ya entregó todos los bienes que se le pidieron; ha cumplido también “a cabalidad” los acuerdos.
El audio fue filtrado justo cuando el nuevo Congreso local inició sus funciones, el lunes 12, y la bancada de Morena pide juicio político para el fiscal Winckler Ortiz y la remoción del propio Torres Zamudio.
A su vez, la Organización Nacional Anticorrupción (ONEA) –cuyo director es Iván Gidi, antiguo secretario particular de Yunes Linares– también solicitó al Congreso estatal un juicio político contra Winckler.
En la solicitud, según Gidi, se exponen las “omisiones y acciones” del fiscal con respecto a la violación de derechos humanos contra integrantes de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas.
“Hay una violación al debido proceso, al trato digno y al respeto por la dignidad humana. La demanda está documentada ampliamente; hay más de 60 documentos adjuntos. No es normal que el abogado personal del gobernador sea el abogado del estado. No es normal que sea una secretaría de la venganza.”
Fuente: Proceso
