Ajustan la Constitución para enjuiciar a El Bronco en NL

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La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó este miércoles una reforma al Artículo 106 de la Constitución Política del estado, por lo que se abrió la posibilidad de que el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, pueda ser juzgado por cualquier motivo.

Por decisión unánime, los diputados avalaron el proyecto que elimina la inmunidad penal del mandatario de la entidad; es decir, podría ser enjuiciado y procesado por cualquier delito cometido, sin necesidad de recurrir a una declaración de procedencia.

Poco antes de que arrancara la sesión solemne para que “El Bronco” rinda su Cuarto Informe de Gobierno, los legisladores revisaron la modificación constitucional que surgió a raíz de una iniciativa presentada por Juan Carlos Ruiz, Diputado local del Partido Acción Nacional (PAN).

Cierre de campaña presidencial de “El Bronco” en junio de 2018. Foto: Cuartoscuro

Ahora se espera que sea en las sesiones del pleno de la próxima semana cuando se busque la aprobación de la reforma en el Congreso.

“El Gobernador del Estado sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común durante el ejercicio de su cargo”, se lee en lo establecido actualmente en la Ley.

“Se aprobó por unanimidad el expediente que contiene una propuesta para eliminar, para derogar, el Artículo 106 de la Constitución del Estado que, dicho en palabras muy prácticas, es el que le daba inmunidad penal o procesal al Gobernador y, al derogarlo, pues se estará eliminando esa inmunidad del Gobernador y puede ser enjuiciado por cualquier delito que haya cometido”, dijo Jorge de León, Diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, aclaró que la reforma es ajena al proceso que se le sigue al Gobernador de Nuevo León por el presunto desvío de recursos públicos con fines electorales.

“Es una reforma constitucional que fue propuesta por un grupo legislativo y que ha sido respaldada por el resto de las bancadas y que tiene que ver con eliminar un beneficio que actualmente tiene el Gobernador para que, como cualquier ciudadano, pueda responder ante denuncias por la presunta comisión de algún ilícito”, añadió el legislador priista.

Las urnas en NL castigaron a “El Bronco” y a sus 17 amigos y familiares. Foto: Gabriela Pérez Montiel, Cuartoscuro

EL BLINDAJE DE MEDINA MORA

Horas antes de presentar su renuncia como Ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Eduardo Medina Mora prohibió el pasado 3 de octubre al Congreso de Nuevo León sancionar a Jaime Rodríguez Calderón, hasta que la demanda interpuesta en su contra por desvío de recursos durante las elecciones en 2017, sea resuelta.

El entonces Ministro de la SCJN admitió a trámite la controversia constitucional promovida desde el 27 de septiembre por “El Bronco” y concedió una suspensión que habrá de blindarlo ante cualquier castigo durante varios meses.

“Ejecutar cualquier medida provisional o sanción” derivada del procedimiento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para sancionar al Gobernante por mandar a sus empleados a recabar firmas en días hábiles, es la prohibición que la Suprema Corte implementó este día.

“De manera preliminar se advierte que el acto impugnado no es propiamente electoral, ni constituye en estricto sentido el cumplimiento de un fallo, sino el dictado de unas reglas emitidas ex profeso para establecer una sanción a dos servidores públicos, sin perjuicio de los motivos de improcedencia que puedan advertirse de manera fehaciente al momento de dictar sentencia”, explicó el aún Ministro.

“Se niega la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo de Nuevo León, en relación con el procedimiento derivado de las Reglas Procesales para aplicarse en cumplimiento de la Sentencia SER-PSC-153/2018, emitida por la Sala Regional Especializada del TEPJF”, indicó Medina Mora.

Hace unos días, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Congreso local de Nuevo León debe sancionar al Gobernador Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón por desviar recursos para juntar las firmas que lo llevaron a la boleta presidencial en 2018.

“El 21 de junio de 2018, la Sala Regional Especializada del TEPJF dictó sentencia al tener acreditado que 572 servidoras y servidores públicos y Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, en su calidad de Gobernador, faltaron al principio de neutralidad e imparcialidad del servicio público para influir en la competencia entre quienes aspiraban a una candidatura independiente a la Presidencia de la República”, recordó la Sala Superior del Tribunal en un comunicado.

“Debido a que las normas electorales no prevén la posibilidad de que la Sala Especializada pueda imponer de manera directa una sanción a este tipo de servidores públicos, ordenó comunicar la determinación al Congreso del Estado de Nuevo León”, añadió.

El 3 de septiembre, el Senado de la República aprobó un exhorto para que el Congreso de Nuevo León de cumplimiento a una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sancione, por violaciones a la ley electoral, al Gobierno encabezado por Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”.

El punto de acuerdo fue promovido por el Senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC). “Se exhorta al Honorable Congreso de Nuevo León a dar cumplimiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, dice el punto de acuerdo promovido por el Senador y aprobado.

La sentencia a la que se hace referencia indica que el actual Gobernador de Nuevo León utilizó recursos públicos para obtener votos durante la campaña electoral federal que culminó el año pasado, donde participó.

“El Bronco” compitió, junto con Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés y José Antonio Meade, por la Presidencia de la República en el pasado proceso electoral. Se presentó como independiente y fue el candidato que menos votos obtuvo.

El pasado 20 de junio, el TEPJF confirmó que Rodríguez Calderón sí incurrió en malversación de recursos públicos, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita durante la recolecta de firmas.

Fuente: Sinembargo

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