Además de tardías, las cifras de desaparecidos durante el gobierno de Felipe Calderón y lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto entregadas a la ONU en marzo pasado difieren de las que las propias autoridades manejan en el país, así como de las recabadas por organizaciones civiles. Y aun cuando al llegar a Los Pinos el priista habló de 27 mil, su administración omite ese dato central y opta por decir que en los últimos siete años se integraron 291 expedientes por desaparición forzada, de los cuales 99 están radicados en el fuero federal y el resto en procuradurías de los estados donde ese delito está tipificado.
Por Gloria Leticia Díaz/ Proceso
En el informe que entregó al Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en marzo pasado, el gobierno de Enrique Peña Nieto sostiene que por ese delito “de carácter pluriofensivo” el Poder Judicial de la Federación sólo ha emitido seis condenas, ninguna de ellas relacionadas con el grueso de los casos denunciados en los últimos años.
El documento de 47 páginas —que debió entregarse en 2012 y es parte del compromiso de seguimiento adquirido por México en 2008 al firmar la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas— será analizado en la Séptima Sesión del comité de la ONU (CED, por sus siglas en inglés) en septiembre próximo y será en marzo de 2015 cuando éste emita sus observaciones y recomendaciones a México.
El escrito fue revisado por organizaciones civiles que en ocho “informes sombra” expusieron al CED inconsistencias tanto en las declaraciones de funcionarios de la administración peñanietista como en las respuestas a solicitudes de información presentadas ante diversas dependencias públicas.
En sus reportes alternativos, esas agrupaciones piden a los expertos de la ONU cuestionar a México sobre la metodología aplicada, toda vez que redujo las cifras de desaparecidos, así como en torno a la estrategia para enfrentar el problema garantizando justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familiares.
Y aun cuando el documento oficial entregado al CED no menciona las 27 mil desapariciones durante la gestión de Felipe Calderón que el propio Peña Nieto reconoció durante los primeros meses de su administración, en los foros nacionales sigue hablando de sus logros, derivados de esa cifra, como lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en mayo último ante el Senado.
El día 22 de ese mes, por ejemplo, el funcionario reportó a los legisladores que restaban sólo 13 mil casos; de 2012 a la fecha, añadió, se registraron 16 mil “no localizados”, 8 mil personas aparecieron vivas y 385 muertas, por lo que sólo faltaban 7 mil 615 por localizar.
Dos días antes, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, habló del tema en el Senado. Expuso que desde 2005 se desconoce el paradero de 24 mil 800 personas. Hay indicios, agregó, de 2 mil 610 casos de desaparecidos, de los cuales en 612 se presume que intervinieron agentes del Estado en su desaparición y en 308 las víctimas son migrantes.
Al eludir esa cifra en su informe al CED de la ONU, el gobierno peñanietista sólo se enreda. Y las contradicciones crecen cuando alguien habla sobre el tema, como lo hizo Ricardo García Cervantes, quien renunció hace varias semanas a la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. Él le comentó a la reportera Marcela Turati que en el actual gobierno ha habido casi 8 mil desapariciones.
El lunes 16, Osorio Chong cambió su versión. En conferencia de prensa declaró que el número original de 27 mil “personas no localizadas” se redujo a 8 mil, y empató la cifra con la que mencionó García Cervantes. Expuso: al inicio de la actual administración se formó una comisión revisora que coordinan Gobernación y la PGR y en la cual participan los gobiernos estatales.
Y añadió que aun cuando “se siguió incrementando a partir de 2012, con otro número aproximado de 12 mil o 14 mil (desaparecidos), también se redujo a 8 mil en la revisión; hoy tenemos alrededor de 16 mil”.
‘Informes sombra’
“Resulta alarmante que las desapariciones de personas continúen durante la presente administración (sobre todo porque) en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto (el número de casos) representa 60% del total de las personas desaparecidas durante el de Felipe Calderón”, sostiene un informe paralelo firmado por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), Fundar Centro de Análisis e Información, y Servicios y Asesoría por la Paz (Serapaz).
En su informe enviado a la ONU, el gobierno de Peña Nieto dedicó sólo dos párrafos —el 73 y el 74— a los “datos estadísticos sobre denuncias y sentencias sobre desapariciones forzadas”: “En el ámbito federal, entre 2006 y 2013, la Procuraduría General de la República inició un total de 99 averiguaciones previas por el delito de desaparición forzada de personas”, dice el primero; en tanto que “las procuradurías generales de Justicia en las entidades iniciaron un total de 192 averiguaciones previas, en el mismo periodo”, indica el segundo.
Más adelante el informe enuncia los estados que han tipificado el delito de desaparición forzada —es decir, aquellas que “sean obra de agentes del Estado o cometidas por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas— en sus códigos penales:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima, Coahuila, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas, en tanto que en Guerrero y Chiapas hay leyes especiales.
El informe refiere seis sentencias por desaparición forzada en el ámbito federal emitidas entre 2005 y 2010. Todas aluden a hechos atribuidos a agentes federales, cinco cometidos entre 2002 y 2005, y uno en 1977, que fue consignado por la extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Las inconsistencias se hacen más evidentes al cotejar los números oficiales con los de las organizaciones civiles. En su informe, el MPJD, Fundar y Serapaz indican que aun cuando el Gobierno Federal asegura que de los 291 expedientes abiertos por desaparición forzada, 99 son de competencia federal, en las solicitudes de información que interpusieron la PGR les respondió que se abrieron 138 entre el 1 de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2013.
Confusión por las cifras
Por esa misma vía, de acuerdo con el documento de las organizaciones civiles, “la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR (creada en junio de 2013) refiere que en 2013 se cuentan con 61 casos de desaparición forzada y con 227 iniciados por privación ilegal de la libertad. Mientras que en 2014 se tienen 14 casos iniciados por desaparición forzada y 100 por privación ilegal de la libertad”.
Los autores del “informe sombra” refieren que los registros sobre desapariciones alimentan la confusión, como se desprende de las solicitudes de información pública, y mencionan dos: el del 14 de abril último de la CNDH —según el cual hay 42 mil 300—, integrado en el Programa Nacional de Derechos Humanos de Gobernación, y el del Programa de Apoyo a Familiares de Personas Extraviadas, Sustraídas o Ausentes de la PGR, que habla de 4 mil 661 personas reportadas entre 2007 y 2012.
En otro documento elaborado por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios, Juan Gerardi, Victoria Díez, así como la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, se advierte que sólo en Coahuila hay registradas mil 629 desapariciones, por lo que los datos enviados a la ONU por el Gobierno Federal no se apegan a la realidad.
Con base en un análisis de los 433 casos representados por Fundem (39 atribuidos a agentes estatales, 198 a la delincuencia organizada y el resto de autoría desconocida) las organizaciones firmantes establecen un patrón amplio:
Participación directa de agentes estatales, sobre todo en casos de las detenciones realizadas por tropas del Ejército; las derivadas de acuerdos previos entre agentes estatales y miembros de la delincuencia organizada “para la detención y entrega de personas a cambio de un beneficio económico”: 3 mil pesos por cada víctima.
En los territorios controlados por Los Zetas, las organizaciones civiles identificaron casos en los que agentes estatales se comunicaban con el jefe de plaza, quien determinaba si se debía desaparecer a personas.
Hay otros en los que “la desaparición fue directamente ejecutada por agentes del Estado, bajo el encargo directo de la delincuencia organizada, así como desapariciones ejecutadas por la delincuencia organizada, previa intervención de la autoridad”, a través de revisiones de rutina de vehículos en vías públicas y carreteras.
Reportes detallados
El CED de la ONU recibió también un análisis sobre la forma en que el gobierno de Peña Nieto aborda el problema de las desapariciones forzadas elaborado por diversas organizaciones. El documento destaca que la recomendación 26/2001de la CNDH, emitida hace 13 años, no ha sido cumplida.
En los firmantes del informe destacan el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro; Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Diego Lucero, Comité 68; Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa; Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua; Nacidos en la Tempestad; Fundar, y Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
Ellos sostienen que aun cuando el ómbudsman nacional comprobó 275 casos de desaparición forzada de un cúmulo de 532 expedientes de queja, correspondía al Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes en 97, en los cuales había indicios, y en las 160 restantes en las que no se logró acreditar el delito, si bien éste no se descartaba.
Aun cuando en el informe enviado por el gobierno de Peña Nieto al CED de la ONU sólo alude de manera tangencial a los casos acreditados por la CNDH, las organizaciones civiles advierten la omisión sobre las 570 averiguaciones previas integradas por la Femospp transferidas a la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, de acuerdo con solicitudes de información realizadas.
Y subrayan: “Los avances han sido nulos; la CGI tampoco ha consignado servidores públicos presuntamente responsables de desaparición forzada”; por el contrario, la dependencia “había archivado 110 averiguaciones previas y reservado una”.
Ni siquiera los tocan
En cuanto a los migrantes centroamericanos, el informe oficial ni siquiera lo toca, lo que motivó a la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y otras organizaciones —Track Impunity Always, Casa del Migrante de Saltillo, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos del Salvador, Comité de Familiares de Migrantes de El Progreso (Honduras), Centro de Derechos Humanos Victoria Díez y la Mesa para las Migraciones de Guatemala— a presentar un “informe sombra”.
El documento se elaboró a partir de la información recabada por medio de solicitudes de información en México y los países centroamericanos de los que son originarios la mayoría de los indocumentados que atraviesan territorio nacional en itinerario hacia Estados Unidos.
En México, Gobernación “se declaró incompetente para dar a conocer la cifra”, en tanto que la PGR respondió que de 2000 a 2006 “no tiene registros de delitos relacionados con la privación de la libertad de migrantes (secuestro, ausencia, desaparición forzada, etcétera); en 2007 hubo una averiguación previa relacionada con la desaparición forzada de una hondureña en Reynosa, Tamaulipas, cuya situación jurídica es ‘incompetencia autorizada’. A partir de 2008 hay más registros, si bien la información sigue siendo poco clara y fidedigna”.
Asimismo, en el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas consigna que “hay solamente dos mujeres de procedencia extranjera registradas como desaparecidas”.
El gobierno hondureño notificó a las organizaciones la existencia de 541 registros de migrantes no localizados de 2010 a la fecha, mientras que el de El Salvador “indicó que desde 2005 sabe de mil 584 casos de migrantes desaparecidos”; un documento del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país menciona 852.
En lo que respecta a los registros de las propias organizaciones civiles se incluye el de la Red Regional Verdad y Justicia, con 344 casos, 80 de los cuales son de mujeres y 264 de hombres; en cuanto a su procedencia, “41% corresponde a casos de Honduras, 30% de El Salvador, 20% de Guatemala, 7% de México y, por último, Brasil, con un solo registro”.
Fuente: Proceso
