La reportera del diario La Jornada de Oriente, Yadira Llaven Anzures, presentó una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) por las agresiones que recibió por parte de un grupo de personas a cargo de la construcción del gasoducto Morelos. También expuso el hecho ante la agrupación Artículo 19, que estudia la posibilidad de emitir una alerta debido a las constantes amenazas, agresiones e intimidaciones contra académicos, estudiantes y activistas que se oponen a la obra.
Yadira Llaven relató que el pasado jueves 20, cuando tomaba fotografías al material que llegó a Santa Isabel Cholula para iniciar la construcción del gasoducto, fue increpada por tres hombres que la intimidaron, intentaron quitarle su celular y la amenazaron con llamar a la policía, pese a que les explicó que realizaba su trabajo como reportera.
Sin identificarse, los sujetos le advirtieron que ese era un “lugar privado al que nadie tiene acceso más que con un permiso del gobierno”. No obstante, el predio donde se han colocado los tubos para la obra está al borde de la carretera federal a Atlixco.
La periodista dijo que tomaba fotografías desde el acotamiento de la vía, y agregó que mientras una de las personas le hablaba en tono amenazante, otra grababa con un teléfono celular y tomaba el número de las placas de su vehículo.
Finalmente logró rescatar su celular y salir del sitio en medio de amenazas. Horas después, cuando el portal de La Jornada de Oriente aún no publicaba la nota del incidente, Llaven Anzures recibió en su celular la llamada de una persona que se identificó como Oscar Burgos, supuesto empleado de la Secretaría General de Gobierno.
En un tono “álgido”, apuntó, esta persona empezó a cuestionarla sobre la agresión que había sufrido y la acusó de querer denunciar el hecho con un “afán amarillista” porque a su medio, le dijo, “le interesa generar ese tipo de noticias”.
Más tarde el vocero del gobierno estatal, Fernando Crisanto, aseguró que en la nómina del gobierno no existe ninguna persona registrada con ese nombre, y deslindó a la administración de Rafael Moreno Valle de las agresiones contra la periodista.
A la intimidación que sufrió la reportera se suman otras amenazas contra personas que se oponen a la ejecución del Proyecto Integral Morelos.
El pasado 11 de abril, hombres armados vestidos de campesinos irrumpieron en la casa del catedrático Ricardo Pérez Avilés, a quien dejaron un mensaje, no sin antes golpear, insultar y amenazar a integrantes de su familia: que debía dejar de apoyar a los opositores al gasoducto Morelos.
También René Trujillo Dorado, Aranzazú Vargas Montes, Iliana de Jesús Lozano y Alberto Melchor Montero, estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, denunciaron haber recibido llamadas telefónicas de personas desconocidas, en las que les advirtieron que debían evitar pronunciarse en contra de la obra.
En el caso de Melchor Montero, fue amenazado por conducir, junto con el catedrático Pérez Avilés, un programa radiofónico en el que se han lanzado críticas al gasoducto, mientras que los otros estudiantes participan en una investigación para evaluar los efectos socioambientales que generará la obra en las comunidades por las que pasará el Proyecto Integral Morelos.
Sobre Yaven Anzures, se trata de la periodista que mayor cobertura ha dado al conflicto social generado por la obra que será construida en la zona de riesgo del volcán Popocatépetl.
Además, la reportera acudió a declarar como testigo de descargo a favor del activista Juan Carlos Flores, uno de los líderes del movimiento opositor al gasoducto.
En su denuncia ante la PGR, Llaven incluyó fotografías y la nota que publicó hace dos años para atestiguar que Flores no participó en la manifestación realizada en Santa María Acuexcomac y por la cual se procesa al activista bajo los cargos de ataque a obra hidráulica, extorsión, motín y despojo.
En días pasados, la Red de Defensa de los Derechos Humanos señaló la posibilidad de que los hombres armados que irrumpieron en la casa del académico Pérez Avilés, así como los que amenazaron telefónicamente a los estudiantes, sean paramilitares contratados por las empresas encargadas del proyecto.
El vocero de la organización, Israel Sampedro Morales, recordó que los paramilitares han sido utilizados por compañías promotoras de otros megaproyectos, como ocurrió en el caso de la hidroeléctrica La Parota, así como en la Minera San Xavier y en Olintla, Puebla, donde los hicieron pasar como parte de las comunidades para someter a los opositores.
“¿Quién tiene la capacidad para tener armamento, movilizarse en vehículos, llegar hasta la casa del doctor Pérez
Avilés y mantenerse en impunidad? ¿Quién tiene la capacidad para obtener números telefónicos de los jóvenes, de conocer información sobre sus familias, decirles en qué trabajan y qué hacen?”, cuestionó.
Añadió: “Hay toda una estrategia en todo eso y, además, hay quien los cubre, pues el gobierno del estado, por acción, omisión o aquiescencia, tiene responsabilidad, ya que hasta ahora no ha investigado nada, ni hay ningún responsable de estos hechos”.
Fuente: Apro
