Por Víctor M. Quintana S.
Lo que ahora es ilegal se pretende hacer legal. La explotación y aprovechamiento de aguas de la cuenca del río del Carmen por parte de menonitas ricos, toleradas por el gobierno a cambio de votos por su partido, que vienen a constituir un atropello flagrante al derecho de todos al agua, se podrán hacer perfectamente legales de proceder la iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional, que obra ya en poder la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Esta se basa en la minuta de la Cámara de Senadores, sobre iniciativa presentada desde 2006 por el entonces senador del PAN, Francisco Fernández de Ceballos, hermano de Diego, senador y abogado favorecido con la privatización de las playas de Punta Diamante.
De la intención a corto plazo de la privatización de Pemex las y los ciudadanos casi fuimos los últimos en saberlo. Primero lo supieron allá, en Londres, las cúpulas de los poderes económicos y políticos mundializados. De la intención inmediata, efectiva de privatizar el agua, nos enteramos cuando ya tenemos encima las iniciativas de reforma, y eso gracias a la investigación de la coalición “Agua para todo, agua para la vida”, amplio agrupamiento de académicos y activistas que presenta una propuesta ciudadana para una nueva Ley General de Aguas.
La iniciativa de reforma al artículo 28 constitucional viene suprimir el dominio del Estado mexicano sobre las aguas nacionales, cada vez más escasas, pues la explotación y el aprovechamiento de las mismas dejan de ser “estratégicas y de seguridad nacional” como corresponde a un recurso vital para la subsistencia, y su categoría se degrada al considerar dichas actividades como solamente “prioritarias”, por lo tanto, abiertas a que el sector privado concurra a su organización
La artimaña legislativa que pretende ahora entregar las aguas nacionales al manejo de particulares, es como sigue: en primer lugar, la explotación y aprovechamiento de aguas nacionales que ahora está en el primer parágrafo del art. 28 constitucional, dentro de las actividades consideradas como “estratégicas y de seguridad nacional” se pasa al segundo parágrafo, en el que se incluyen las actividades económicas consideradas no estratégicas, sino simplemente “prioritarias”, como lo son las telecomunicaciones y los ferrocarriles.
La vuelta de tuerca la da el artículo constitucional, pues cuando las actividades o recursos no son de carácter “estratégico” sino sólo “prioritario”, entonces el Estado debe abrirlas a la iniciativa privada “como factor de desarrollo”, contradiciendo abiertamente al artículo 27 constitucional que otorga a la Nación la propiedad inalienable e imprescriptible de los recursos estratégicos en estos términos: “… el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes”.
Por otro lado, de nuevo se acude al sofisma: si hay escasez de agua, si no hay disponibilidad de la misma la solución es concesionarla, privatizarla. El sofisma que pretende presentar la causa del problema como la solución, pues si hay escasez de agua es precisamente porque se han otorgado demasiadas concesiones o licencias de aprovechamiento de las mismas a los particulares, sobre todo a los más ricos, o porque Conagua y todo el gobierno federal y estatal se hacen de la vista gorda con los “latiaquistas”, es decir los acaparadores del líquido, como lo han mostrado una y otra vez El Barzón y otras organizaciones del estado.
La mayor escasez de recursos estratégicos como los hidrocarburos y el agua, en lugar de acentuar su carácter de bienes públicos, bajo el control de gobiernos verdaderamente representativos del interés general, despierta la codicia de los políticos que trabajan para los señores del dinero. Por ello es necesario resguardar el carácter estratégico, de seguridad nacional, inalienable e imprescriptible del dominio del Estado sobre los recursos hídricos. Sólo así se podrá garantizar el agua limpia, suficiente, de calidad, como un derecho humano, tal como fue establecido en la reforma al artículo 4º. constitucional en 2012.
Defendamos nuestra agua, el agua para todas y para todos, para los ecosistemas, para la comunidad de los seres vivos. Súmese a la campaña escribiendo un correo a su diputado o diputada federal –si es que alguna vez volvió a usted luego de pedirle el voto– o haga llegar su adhesión al sitio: aguaparatodosmexico@gmail.com
