La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera contra el empresario Alonso Ancira y el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin no es coyuntural. Ha formado parte central del programa anticorrupción y del discurso político del presidente Andrés Manuel López Obrador desde aquellos días en que, como derrotado candidato al gobierno de Tabasco, documentó la forma en que empresarios y funcionarios cercanos a Carlos Salinas de Gortari tejieron una red de complicidades para financiar las campañas electorales del PRI con cuantiosos recursos que después se cargaron al erario mediante el fraudulento rescate bancario llamado Fobaproa.
Por Arturo Rodríguez García/ Proceso
Las privatizaciones, el fraude electoral, el rescate bancario, el Pacto por México y la corrupción público-privada, que forman parte de los episodios más oscuros de la política mexicana de los últimos 30 años, fueron temas constantes del discurso de Andrés Manuel López Obrador como opositor y ahora como presidente.
Durante 25 años habló y escribió sobre estos hechos, con nombres y apellidos que hoy resurgen en el escándalo que envuelve a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, a quien se le imputa entre otras cosas la recepción de un depósito bancario, que podría pasar por cohecho, durante la compra de la empresa Agronitrogenados a Altos Hornos de México, S.A. (AHMSA).
Dicha empresa, derivada de las privatizaciones de paraestatales en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, puso a los antiguos beneficiarios y funcionarios próximos al expresidente bajo la mira de la Fiscalía General de la República, como el primer caso que implica a los poderosos del periodo que López Obrador identifica como “neoliberal” o “neoporfirista”.
El principal implicado es Lozoya Austin, director de Pemex en la primera mitad de la administración de Enrique Peña Nieto, a quien la autoridad federal relaciona con dos casos de alto impacto por favoritismo gubernamental en la asignación de contratos: el de la constructora española OHL, de cuyo consejo de administración fue miembro antes de ostentar su cargo público, así como el de los presuntos sobornos que recibió de Odebrecht, la constructora brasileña que ha detonado numerosos casos por corrupción en el continente.
Sin embargo, la orden de aprehensión contra Lozoya, que se dio a conocer el pasado 28 de mayo y ante la cual el personaje se amparó, sólo se refiere al caso de Agronitrogenados, una operación con presunto sobreprecio por la adquisición de chatarra. López Obrador la ha mencionado reiteradamente, pero cobra especial relevancia por el entramado político del que forma parte.
El exdirector de Pemex es hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien se desempeñó como director del ISSSTE y luego titular de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal en el sexenio de Salinas de Gortari. Se le considera uno de los amigos más cercanos del expresidente y su relación, que se remonta a las aulas universitarias, se mantuvo después del sexenio.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2222, ya en circulación).
