El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) entregó a Juan E. Méndez, relator especial sobre tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes de la Organización de Naciones Unidas, el informe titulado “La tortura, mecanismo de horror”.
De acuerdo con información documentada por el Frayba, de marzo de 2013 al mismo mes de este año se registraron 18 casos de tortura, siete de ellos en esta capital, dos en Tapachula y dos más en Chenalhó. El resto se cometieron en los municipios de Simojovel, Maravilla Tenejapa, Arriaga, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Sabanilla y Acala.
En cuanto a las víctimas, el informe entregado al relator de la ONU destaca que se trata de 15 –uno de ellos menor de edad– y tres mujeres, y precisa que dos de las víctimas, José Rolando Pérez de la Cruz y Carlos Alberto Trujillo Ramos, murieron bajo custodia policial en los municipios de Acala y Tapachula, respectivamente, a causa de los golpes recibidos.
Según el Frayba, la intencionalidad de la tortura en los eventos documentados consiste en la aplicación de un “castigo ejemplar” para desalentar la denuncia y la participación en movimientos sociales críticos al gobierno, para anular la personalidad de la víctima y/o para que ésta se autoinculpe de delitos o inculpe a terceras personas.
En el caso de las mujeres, “la violencia sexual es una de las armas privilegiadas y elegidas por los perpetradores para degradarlas moralmente, humillarlas y aplicar un castigo diferencial de acuerdo a su género. De tal manera violenta también derechos específicos de las mujeres”, apunta el organismo no gubernamental fundado por el obispo Samuel Ruiz García.
Asimismo subraya que en el periodo que abarca el informe han recuperado su libertad personas víctimas de tortura, después de enfrentar procesos judiciales largos e injustos que violentaron sus garantías judiciales y protección judicial, entre ellas: Miguel Vázquez Deara, Wilber Cortés Acosta, Adela Gómez Martínez, Hiber Audentino García Villafuerte y los hermanos Andrés y Josué López Hernández. En ninguno de estos casos ha habido reparación del daño y los actos de tortura que denunciaron siguen en la impunidad.
En su visita a Chiapas, Juan E. Méndez también recibió la documentación de casos de tortura anteriores a marzo de 2013, entre los que destaca el de David Potenciano Torres, detenido el 25 de mayo de 2011 y torturado en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva y en la Fiscalía de Palenque, para inculparlo de la muerte del ganadero Pedro Fonz Ramos. David fue puesto en libertad por desistimiento de la acción penal.
Miguel Ángel Rosette Méndez y su hijo Carlos Alberto Rosette García fueron detenidos y torturados el 27 de abril de 2011 por elementos de la Policía Estatal Preventiva, en el municipio de La Concordia. Un día después los trasladaron a la Fiscalía de Distrito Metropolitano, en esta capital, para rendir declaraciones bajo la continuidad de la tortura. En ese lugar se encontraron con dos familiares que también habían sido golpeados.
Miguel Ángel y Carlos Alberto fueron arraigados en la Quinta Pitiquitos y puestos en libertad el 6 de mayo de 2011, sin embargo, hasta la fecha reciben amenazas y hostigamientos por parte de agentes estatales.
Gabriel Domínguez Escobedo fue privado arbitrariamente de la vida el 11 de abril del 2012, a consecuencia de la tortura de la que fue objeto por parte de 13 elementos de la Policía Especializada y Policía Municipal de Reforma, que actuaron en presencia del Ministerio Público (MP) del mismo municipio, Edgar Benjamín Estrada Cervantes, quien actualmente se desempeña como fiscal del MP en el municipio de Bochil.
“E Chiapas la tortura se practica de manera sistemática, siendo ésta perpetrada, permitida y fomentada por agentes del Estado mexicano, como se ha denunciado ante autoridades gubernamentales e instancias internacionales de manera pública y en intervenciones privadas”, apunta el Frayba.
Y precisa que entre los autores responsables de esos hechos se encuentran militares; funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas (PGJE) –específicamente de la Fiscalía Especializada Contra la Delincuencia Organizada (FECDO)– y de la Fiscalía de Distrito Metropolitano; agentes de las policías Especializada y Ministerial; médicos legistas de la PGJE; elementos de las policías Estatal Preventiva y Municipal, y autoridades comunitarias, tradicionales y civiles, que actúan con la anuencia de agentes del estado de Chiapas.
“Ante la existencia de prácticas violatorias de derechos humanos en Chiapas, como es la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal que cumplan con las recomendaciones de los órganos de tratados, especificados en el Sistema Universal y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, asumiendo su responsabilidad de respetar, proteger y garantizar los derechos: a la vida, integridad y seguridad personal, entre otros”, concluye el Frayba en su informe entregado al relator de Naciones Unidas.
Fuente: Apro
