Además del desvío de 250 millones de pesos hacia el PRI, la Administración de César Duarte envió otros 379 millones de pesos en efectivo, a través de un contrato de servicios, a las instalaciones de una constructora, publica el periódico Reforma.
Según la declaración de un testigo colaborador a la que Reforma tuvo acceso, los recursos pagados en un contrato simulado a Asesoría y Servicios Online, S. A. de C.V., se concentraban en el local de Manzil Construcciones, en la capital de Chihuahua.
Posteriormente, Antonio Tarín García, el entonces director de Adquisiciones del Gobierno estatal -actualmente en prisión-, enviaba a personas de su confianza por el dinero y se lo llevaban en cajas hasta su oficina.
De acuerdo con el rotativo capitalno, el efectivo, refiere el testigo, sirvió para pagar el voto de diputados locales, deudas del Gobierno, servicios legales y la campaña del PRI en 2016.
“Se entregaba dinero en efectivo en el domicilio de Manzil Construcciones que se encuentra en Periférico Ortiz Mena y Calle Andrés F. Carbonel de la Colonia San Felipe y era una casa en la que adecuaron oficinas de dos niveles, tenía un portón electrónico tipo cochera de color oscuro, con una puerta de control interior lateral.
“(Su) propietario era Jaime Agustín Fong Ríos (…) Una vez que estaba en dicho domicilio, de la Secretaría de Hacienda pasaban a recogerlo por órdenes de Antonio Tarín.
“El dinero se llevaba a esa oficina porque Toño Tarín tenía buena relación con Jaime Fong, de muchos años de conocerse”, indica el testigo con clave 1101-XF1PG810LS/2017.
Quienes iban a esta oficina por el dinero eran José Jaime Bustamante Pérez, asesor técnico de la Dirección de Adquisiciones, y Hugo Ortiz, jefe de Inventarios, Mobiliario y Talleres Mecánicos de la Secretaría de Hacienda estatal; ambos, subordinados de Tarín. También el supervisor Juan Manuel López Salas.
El testigo asegura que, una vez que Tarín recibía las cajas de dinero en su oficina, las enviaba en un diablito a Gerardo Villegas, director de Administración de Hacienda.
“Todas esas actividades se llevaron a cabo porque eran las instrucciones que tenían Gerardo Villegas y Jaime Herrera (secretario de Hacienda), del ex Gobernador César Horacio Duarte”, dice.
Afirma que participó en una reunión con Jaime Herrera y Jesús Olivas Arzate, el director de Egresos de Hacienda, así como Tarín y Villegas, en la cual se decidió cómo iban a gastar los 379 millones de pesos del contrato. La mayoría sería para la campaña.
Se acordó destinar unos 22 millones, asegura, a los diputados que votaron a favor de bursatilizar 6 mil millones de pesos, en julio de 2016; entre 20 y 30 millones, para el mobiliario de la Ciudad Judicial, y 6 millones para Ricardo Sánchez, abogado de Duarte, Herrera y Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, el diputado federal que murió en un accidente.
Entre 6 y 8 millones de pesos se usarían para pagar el mobiliario faltante de los edificios gubernamentales en Ciudad Juárez y Parral, y 7 millones serían enviados al ex auditor superior estatal, Jesús Manuel Esparza Flores, “para que cubriera irregularidades”.
El testigo no refiere si los pagos y entregas de recursos finalmente se concretaron.
“El resto del dinero se utilizó en campañas del PRI y fue entregado al propio ex Gobernador en sus oficinas de la casa de Gobierno, en maletas”, asegura.
El contrato fue planeado en 2015 con miras a las elecciones de 2016.
Fuente: Reforma
