Históricamente, detrás de cada megadesarrollo erigido en México subyace un turbio precedente de especulación inmobiliaria, despojo de terrenos ejidales y todo tipo de violaciones a las leyes, entre ellas las ambientales. La corrupción de sucesivos gobiernos priistas y panistas, llevada a niveles insólitos durante el de Enrique Peña Nieto, ha marcado también el nuevo proyecto aeroportuario. Aun cuando falta definir su viabilidad en terrenos del exlago de Texcoco, lo que ya es irreversible desde 1999 es la compra de terrenos aledaños a la zona por desarrolladores inmobiliarios y la Comisión Nacional del Agua para levantar en ellos ese monstruo llamado Aerotrópolis.
Por Jenaro Villamil/ Proceso
En uno de los recientes anuncios del sitio de bienes raíces Trovit se leen ofertas como ésta: “Excelente terreno de 10 mil metros cuadrados, excelente ubicación atrás de Walmart. Ideal para centro comercial o bodegas de servicio para el aeropuerto… Bardeado, cuenta con luz, agua, oficinas de 200 metros, caseta de vigilancia de 50 metros cuadrados. Techado firme. 35 millones de pesos”.
Como éste, hay otros que se ofrecen en 32 millones, de 1 a 100 hectáreas, en la carretera Texcoco-Calpulalpan; o hasta en 60 millones de pesos sobre la carretera Lechería-Texcoco, “a unos pasos del nuevo aeropuerto” de la Ciudad de México.
Según la Dirección de Desarrollo Económico del municipio de Texcoco, la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) ha disparado la especulación inmobiliaria en esta zona conurbada a la capital, a tal grado que el valor de los terrenos se duplicó. Lo que antes costaba 2 mil 500 pesos por metro cuadrado, ahora vale 5 mil.
No es el único caso. En San Salvador Atenco, en Teotihuacán, en Chimalhuacán, junto con las comunidades de Santa Isabel Ixtapan, San Bernardino, San Felipe y Santa Cruz de Abajo, la especulación y el acaparamiento de la tierra de los ejidos y comunidades aledañas a la zona del NAIM se han convertido en un negocio más grande y conflictivo que el nuevo aeropuerto, cuyo costo asciende ya a 285 mil millones de pesos, tan sólo en la primera de sus dos fases.
Para representantes de ejidos, ambientalistas, especialistas y conocedores de la zona oriente del Valle de México, no son los aviones sino los terrenos el auténtico gran negocio en torno al NAIM.
Así lo expresaron integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) de San Salvador Atenco, que en la casa de transición del futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador y en los foros realizados en el Club de Periodistas denunciaron el despojo de más de 500 hectáreas del cultivo en los parajes de Xalapango y El Paraíso por parte del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), el consorcio responsable de la construcción del NAIM.
Habitantes del ejido de Santa Isabel Ixtapan entregaron al reportero denuncias del comisariado ejidal contra el GACM porque “las parcelas de nueva creación 1210 y 1211 no se las venderemos hasta en tanto no cumplan con los compromisos contraídos con el ejido, como son las obras y la compra-venta de parcelas individuales de nuestros ejidatarios que no han vendido”.
Desde junio de 2016, los ejidatarios de Santa Isabel Ixtapan, perteneciente al municipio de Atenco, demandaron el entubamiento de las aguas provenientes de la termoeléctrica y de los consorcios inmobiliarios ARA y GEO “que llegan sin tratar, hasta la planta tratadora de la ampliación de Nueva Santa Rosa y almacenarlas en un estanque”.
(Fragmento del reportaje especial publicado en Proceso 2189, ya en circulación)
