Alrededor de 110 organizaciones sociales denunciaron este jueves la reacción “autoritaria” y la ejecución de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano ante las recientes expresiones de protesta civil.
Entre los firmantes está la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, conformada por 73 organizaciones, que este 2013 ganó el Premio Rey de España en Derechos Humanos, así como el organismo internacional Artículo 19.
También hay activistas nacionales y extranjeros así como grupos para la defensa del ejercicio periodístico y de los derechos de los migrantes.
“La reacción oficial ha estado caracterizada por un autoritarismo que ha mantenido una tendencia creciente en los meses anteriores. En distintas marchas y acciones de protesta se había podido constatar que la respuesta del Estado ante expresiones fundamentalmente pacíficas ha sido el abuso de autoridad y la comisión de violaciones a derechos humanos”, denunciaron este día por medio de un comunicado de prensa conjunto.
Sostuvieron que la protesta civil “es un mecanismo legítimo de reivindicación de derechos y ante ella el Estado está obligado a escuchar y buscar vías de solución a las demandas para conducir a la resolución de los conflictos”.
Con respecto a los hechos del 2 de octubre de 2013, las personas y organizaciones firmantes emitieron un pronunciamiento en el que rechazaron totalmente la violencia del Estado en contra de las y los ciudadanos.
Asimismo exigieron una investigación y sanción a los agentes responsables de estas violaciones, incluyendo a toda la cadena de mando, y la adopción inmediata de medidas de no repetición.
De igual forma instaron a la sociedad a no desviar la atención de las demandas centrales de esta conmemoración: “la reivindicación de la memoria y la exigencia de justicia por los crímenes de Estado caracterizados por la impunidad absoluta”.
“Igual que en 1968, hoy nuestras libertades están en peligro. No es guardando silencio y encerrándonos en nuestras casas como vamos a fortalecerlas, sino a través de su ejercicio pleno y responsable”, dijeron.
Por ello, hicieron un ”YA BASTA a la represión del Estado que impide el ejercicio pleno de las libertades, YA BASTA a la criminalización de la protesta, YA BASTA al clima de hostigamiento en contra de defensoras, defensores y periodistas. Reprimir es un delito, expresarse una libertad”.
Indicaron que el pasado 2 de octubre, los elementos de seguridad del Distrito Federal que resguardaron la marcha conmemorativa del 2 de octubre actuaron de manera “ineficaz y desorganizada para procurar la seguridad de los asistentes a la marcha”.
Afirmaron que esto evidenció la falta de profesionalismo y ausencia de protocolos para el uso de la fuerza, lo cual generó las condiciones para que se cometieran violaciones a los derechos humanos de las personas asistentes, incluyendo a las y los observadores de derechos humanos del Centro Prodh y la LIMEDH, así como periodistas que buscaban registrar los hechos.
“La observación y la documentación de violaciones a los derechos humanos es el ejercicio de un derecho. Las personas que realizaron observación pudieron constatar una importante cantidad de detenciones arbitrarias, así como agresiones dirigidas de manera selectiva y violenta hacia aquellas personas que pretendían documentar las violaciones a derechos humanos, de manera particular a periodistas y defensores de derechos humanos”, acusaron las organizaciones.
Entre las organizaciones que firmaron el documento se encuentran la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH), Artículo 19 y la Asamblea Popular de Familias Migrantes. Además la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México (AFADEM), la Casa de los Derechos de Periodistas, la Casa del Migrante de Saltillo (Frontera con Justicia), Saltillo, Coahuila. Así como el Centro Antonio de Montesinos, el Centro de Derechos Humanos “Fr. Francisco de Vitoria O.P.” A.C., el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, entre otros.
A título personal firmaron la analista Aleida Calleja, la abogada Alejandra Macías Delgadillo, el activista Antonio Esparza Santos, el académico e investigador John M. Ackerman, Arturo Alvarado, Constanza Argentieri, Cristina Auerbach, Daniel Gershenson y otros.
Fuente: Sin Embargo
