Fueron admitidas a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) las acciones de inconstitucionalidad promovidas por diputados y senadores de oposición en contra del decreto que declaró a proyectos como el Tren Maya y el Corredor Transístmico, como asuntos de seguridad nacional y faculta que su administración pueda ser asignada a las Fuerzas Armadas.
Los asuntos fueron asignados por turno al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá abalizar las denuncias y proponer al pleno un proyecto de sentencia, en las próximas semanas.
Los legisladores de oposición impugnan el decreto por el que se reformó el artículo tercero de la Ley de Vías Generales de Comunicación y se adicionó un segundo párrafo al artículo 10 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y el artículo 59 Bis a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de mayo.
Estas modificaciones permiten que las vías generales de comunicación y los modos de transporte asignados a la federación podrán asignarse a entidades paraestatales con vigencia indefinida, asignación que no podrá cederse ni transferirse bajo ningún título y que solo pueden ser suspendidos cuando se acredite que no son estratégicos o que no son de interés público.
Fuente: La Jornada
