El Estado mexicano presentó ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH) el informe sobre sus acciones en la materia durante los últimos cuatro años, documento que servirá como referente en la segunda evaluación a la que será sometido en octubre próximo en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). En el documento, el gobierno mexicano reconoce rezagos en materia de derechos humanos.
El EPU es el mecanismo a través del cual Naciones Unidas vigila y evalúa de forma regular, cada cuatro años, el trabajo y compromiso en materia de Derechos Humanos de los 192 Estados miembros.
El documento del Estado mexicano, dado a conocer esta semana en Berlín, informa sobre los avances que, desde su punto de vista, realizó en especial en las áreas dentro de las cuales recibió recomendaciones, como es combate a la pobreza, marco normativo e institucional, derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, al trabajo y en rubros como derechos de los emigrantes, mujeres, niños y adultos mayores, entre otros.
A lo largo de 34 páginas, llenas de números y estadísticas, el gobierno federal da respuesta a las recomendaciones.
Destaca, por ejemplo, el rubro de combate a la pobreza, en donde reconoce que en el periodo 2008-2010 registró un aumento de la población en pobreza, que pasó de 44.5% a 46.2% (48 millones a 52 millones de personas). Su respuesta es que para combatir esta situación el gobierno ha destinado mayor dinero a los programas sociales.
En materia de justicia militar, el informe reconoce que ésta es uno de los principales retos en materia de “justiciabilidad de derechos” e informa que la iniciativa para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para que los delitos y las violaciones a los derechos humanos cometidos por personal de las fuerzas armadas contra civiles sean conocidos por el fuero civil se encuentra en el senado para ser debatido y aprobado en su último periodo de sesiones del año.
Otro pendiente tiene que ver con la recomendación relativa a la figura del arraigo, pues el documento señala que sólo en tres estados de la República se ha aprobado la eliminación de tal figura.
En cuanto a tortura y desaparición forzada, se informa que de 2007 a 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió 51 recomendaciones a la Sedena, ocho a la Secretaría de Marina, cinco a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y una a la PGR.
Asimismo, destaca como un avance positivo en el rubro de libertad de expresión la entrada en vigor en junio de 2012, de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas junto con el correspondiente Mecanismo de Protección. Las cifras señalan que durante sus ocho primeros meses de funcionamiento recibió 87 solicitudes de incorporación; 35 de periodistas y 52 de defensores de derechos humanos.
El informe del Estado mexicano asegura que “México se presenta a la segunda evaluación del EPU como un Estado que ha logrado avances trascendentales para garantizar la promoción, protección y defensa de los derechos humanos, y que está decidido a no sufrir retroceso alguno en esta materia”, Sin embargo, el informe elaborado por las organizaciones civiles plantea el fracaso en el cumplimiento de las obligaciones y coloca al país en una situación de emergencia humanitaria.
Ambos informes se agregarán al que realice la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Los tres serán la base sobre la cual se apoyará el Consejo de Naciones Unidas para evaluar al país en próximo 22 de octubre en la ciudad de Ginebra.
Fuente: Proceso
