Alrededor de 50 denuncias han sido interpuestas ante la Secretaría de la Función Pública por irregularidades y excesos en la compra de servicios y equipos de tecnología.
“El robo en tecnología no es la estafa maestra sino la estafa magistral”, aseguró Emiliano Calderón Mercado, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia.
Ello, explicó, no sólo por la forma en que fueron hechos los contratos sino por el número de funcionarios y áreas que están involucradas por lo que será difícil señalar a un solo responsable.
“Es difícil que haya un culpable directo porque todo está legalmente aprobado, incluso con comités, así que es difícil tener el resultado de alguien en la cárcel, porque al final no hay responsable, por la dispersión en el proceso de compra”, respondió a la pregunta si una responsable sería Alejandra Lagunes, responsable del área digital en el sexenio pasado.
El funcionario presentó esta mañana en Palacio Nacional un informe de los gastos excesivos registrados en gobiernos anteriores así como el ahorro logrado a partir de 2019, con la revisión de equipos y renegociación con proveedores.
Dijo que al llegar al área encontraron desorden administrativo porque las partidas presupuestales se usaban a conveniencia para enmascarar gastos de tecnología.
Esta erogación se ocultaba en distintos rubros y no se contaba con verificación de proyectos, es decir no se daba seguimiento a las compras, explicó.
Igualmente se detectaron contratos y bases de licitación que favorecían, resaltó, a ciertos proveedores, y contratos millonarios con empresas cercanas a funcionarios, a costa del erario.
También recibimos, agregó, carencia de infraestructura propia, porque había un cementerio de máquinas obsoletas y apagadas, mientras que servicio sustantivos funcionaban a partir de equipos privados.
El gobierno, advirtió, dejó sus responsabilidades tecnológicas y las confirió en manos de particulares.
El origen del “desorden” en esta materia se inició en diciembre de 2006 con la emisión de un decreto de austeridad que incluía la contratación de tecnología y la aportación de equipos, asistencia técnica y reemplazo de tecnologías por particulares.
El gobierno siguió ese patrón y a partir de ahí el gasto se disparó.
El funcionario nuestro diversos ejemplos; por ejemplo, en el Centro de Datos del Issste se gastaban 556 millones de pesos anuales y ahora se pagan 322 millones, tan solo con la renegociación de proveedores.
En ese mismo instituto se adjudicó de manera directa a dos empresas los servicios de inteligencia de negocios con un costo de 81 millones de pesos, más un segundo contrato de 92 millones de pesos, más un millón de pagos de licencias.
Es así que el costo total desperdiciado tan solo en ese centro de negocios fue de 187 millones de pesos.
En la secretaría de Salud, añadió, se detectaron registros de fotocopiados y de impresión alterados.
Igualmente, en la secretaría de relaciones exteriores se compró un centro de datos y seguridad de la información con costo de 146 millones de pesos anuales, que pese al tema en operación estaba en manos de particulares.
En otra área de la cancillería, para el cruce de biométricos, el contrato fue por 121 millones de pesos.
Fuente: La Jornada
