Las turbulentas elecciones de Guatemala sumaron un nuevo capítulo ayer cuando, en lo que organizaciones civiles calificaron como un intento de golpe de Estado técnico, la justicia inhabilitó al partido del candidato Bernardo Arévalo, y poco después el Tribunal Supremo Electoral (TSE) lo proclamó para disputar la segunda vuelta presidencial con Sandra Torres.
De hecho, el Ministerio Público de Guatemala realiza este jueves un allanamiento en la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), informó la institución.
El operativo lo lleva a cabo la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que desarrolla diligencias de “inspección, registro y secuestro de evidencia” en la sede del Registro de Ciudadanos del TSE.
El allanamiento se lleva a cabo tras una denuncia contra el partido Semilla, cuyo candidato, Bernardo Arévalo, pasó al balotaje en los comicios presidenciales.
Arévalo, abanderado del Movimiento Semilla, aseveró que ante este inaudito escenario electoral, “todo mundo ya está hablando de un golpe de Estado técnico” y advirtió que de ser inhabilitado, junto con su compañera de fórmula, Karin Herrera, se provocaría “una grave crisis política” en Guatemala, en declaraciones a CNN en español.
Mirador Electoral afirmó: “se consuma intentona de golpe electoral”, y la Misión de Observación Electoral de Guatemala condenó “toda interferencia en la competencia electoral y la independencia de la autoridad electoral”, informó Prensa Libre en su página web.
El TSE oficializó ayer los resultados de la primera ronda electoral celebrada el 25 de junio, tras dos semanas de recursos y reclamos jurídicos presentados por partidos de derecha que alargaron el proceso, lo que confirmó la segunda vuelta, programada para el 20 de agosto, entre Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Arévalo.
Minutos antes, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), dirigida por Rafael Curruchiche, quien ha perseguido a ex funcionarios que han combatido la corrupción, ordenó que un juez suspendiera en un plazo de 24 horas la personalidad jurídica del Movimiento Semilla.
Curruchiche informó en un video que, por petición suya, el juez Freddy Orellana suspendió la personalidad jurídica de Semilla. Lo acusó de haberse constituido como partido presentando, presuntamente, firmas falsas.
Ese anuncio añadió un capítulo imprevisto más a las elecciones más accidentadas de la era moderna en el país centroamericano, como las calificó la víspera la presidenta del TSE, Irma Palencia, y que pusieron en duda la democracia del país.
La autoridad electoral anunció que ambos candidatos pueden reiniciar sus campañas con miras a la segunda vuelta, de la que saldrá el sucesor del presidente Alejandro Giammattei.
Aclaró que desconocía la denuncia de la fiscalía y la decisión del juez Orellana, por lo que los magistrados electorales continuaron con la proclamación de resultados.
“Es algo que nos preocupa como tribunal, porque nosotros sabemos que las elecciones se ganan en las urnas, derivadas del sagrado sufragio de los ciudadanos y para eso estamos trabajando desde hace mucho”, apuntó Palencia.
El primero de julio, la Corte de Constitucionalidad ordenó al TSE que los resultados fueran revisados a pedido de partidos perdedores, que denunciaron supuestas irregularidades.
Apenas se conoció la inhabilitación de Semilla, afuera del máximo tribunal electoral se congregaron manifestantes para denunciar la corrupción en esta contienda.
En el pleno, los magistrados argumentaron que las elecciones “han cumplido los requisitos que debían tener y que no hay recursos pendientes” y procedieron a “declarar la validez de la elección presidencial de presidente y vicepresidente de la república”, según la lectura del acuerdo que hizo el secretario del tribunal, Mario Alexander Velázquez Pérez.
“Damos la bienvenida a la certificación del @TSEGuatemala de los resultados electorales de la primera ronda que defienden la voluntad del pueblo y esperamos con ansias la votación del 20 de agosto sobre los dos principales candidatos presidenciales anunciados”, tuiteó el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para América Latina, Brian Nichols.
Alertó: “estamos profundamente preocupados por las nuevas amenazas del Ministerio Público a la democracia electoral de Guatemala. Las instituciones deben respetar la voluntad de los votantes”.
Ninguna autoridad explicó con claridad si la denuncia de la FECI y la orden judicial de suspensión a Semilla implicará que este movimiento quede impedido de ir a segunda vuelta, aunque la ley electoral establece en su artículo 92 que “no podrá suspenderse un partido después de la convocatoria a una elección y hasta que ésta se haya celebrado”.
Arévalo confirmó que la decisión del juez no afecta su lugar en la segunda vuelta debido a que la ley electoral establece que los partidos no pueden ser inhabilitados después de una elección. Aun así, aseguró que su equipo analiza el caso. “De ninguna manera vamos a obedecer una decisión espuria e ilegal”, aseguró.
La FECI alegó que “existen indicios de que posiblemente más de 5 mil ciudadanos fueron adheridos ilegalmente al movimiento semilla falsificándole su letra y firma”, de las 25 mil que Semilla necesitaba para constituirse como partido político. No indicó cuántas rúbricas se presentaron ante la autoridad electoral.
Arévalo negó que se haya incurrido en esa práctica y subrayó que su partido recabó las firmas con un programa de recolección nacional. Aseveró que la fiscalía se tiene que sustentar en una “construcción ficticia” para proceder contra su partido.
Curruchiche expuso que un ciudadano denunció en mayo de 2022 haber sido adherido ilegalmente al movimiento y que, en consecuencia, se practicaron pruebas grafológicas. Salió como conclusión que la grafía manuscrita en las hojas de adhesión presentadas por Semilla “no presenta correspondencia grafonómica con la proporcionada voluntariamente por el señor Rodrigo Rodas Sanchez”.
El titular de la FECI informó que se utilizó la misma firma y huella de una sola persona para varios ciudadanos y que hay incluso inscritas 12 personas fallecidas, así como “firmas sin nombres y hojas alteradas”.
Curruchiche fue sancionado en 2021 por el gobierno de Estados Unidos, que lo señala de obstruir la lucha anticorrupción y socavar la democracia de Guatemala. Es el abanderado de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, también sancionada por las autoridades estadunidenses.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad presentó esta denuncia como “un nuevo caso de corrupción e impunidad” denominado “corrupción Semilla”.
El Movimiento Semilla, fundado y liderado por Arévalo, dio la sorpresa en las urnas en unos comicios con 19 binomios presidenciales de tendencia derechista de un total de 22 participantes en la carrera electoral a la presidencia.
El también ex embajador y ex vicecanciller es hijo del ex presidente Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó la mitad de lo que se conoce como los Gobiernos de la Primavera, entre 1945 y 1951, y posteriormente Jacobo Árbenz, de 1951 a 1954, para impulsar proyectos progresistas basados en la inclusión de los pueblos indígenas y campesinos, pero fueron derrocados por el ejército.
Thelma Aldana, ex fiscal general y obligada al exilio a raíz de su lucha contra corrupción, tuiteó: “Guatemala está viviendo un golpe electoral a su débil democracia desde el ministerio público de Consuelo Porras, fiscal Curruchiche y juez séptimo del Poder Judicial. Urge apoyo de la comunidad internacional”.
Fuente: AFP/ AP/ Reuters
