La Audiencia Nacional le cita en base a la querella presentada hace unos días por la Fiscalía General del Estado. El major Trapero, jefe de los Mossos d’Esquadra, será citado a declarar por sedición por el asedio a la sede de Economía
La jueza instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha citado a declarar al major Trapero, investigado por delito de sedición. Ha sido investigado en el marco de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado por la concentración frente a la sede del departament d’Economia, en relación con las concentraciones y manifestaciones llevadas a cabo para impedir por la fuerza la actuación de las autoridades y sus agentes en el ejercicio de sus funciones. La citación es para el próximo viernes. La jueza también llamará a declarar a declarar como investigados a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, presidentes de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural.
La Guardia Civil efectuaba un registro en la sede de Economia, comandada por Oriol Junqueras, para frenar los preparativos del referéndum de independencia del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional. Además del major de los Mossos d’Esquadra, también se cita a declarar a una subordinada suya, la intendente Teresa Laplana, que estaba al frente del operativo frente a la sede de la conselleria del Govern de la Generalitat del pasado 20 de septiembre.
El delito de sedición conlleva entre 4 y 8 años de cárcel, mientras que las autoridades pueden enfrentarse a condenas de hasta 15 años de prisión.
El pasado 27 de septiembre la juez admitió la denuncia que presentó la fiscalía por estos hechos al entender que el fin último de los disturbios es el de una ruptura de la forma de gobierno. En un auto en el que la magistrada explicaba que esas conductas de los manifestantes podían encajar en el artículo 544 del Código Penal que sanciona el alzamiento tumultuario, dirigido a impedir por la fuerza o fuera de las vías legales la aplicación de las leyes o a cualquiera de las personas que el mismo se relacionan en el ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos o de las resoluciones administrativas o judiciales.
Manifestantes la noche del 20-S (Xavier Cervera)
Como primera diligencia de investigación, la juez pidió el informe del Instituto Armado, que incluye hasta seis peticiones por escrito a los Mossos en relación con los incidentes de la conselleria, contestadas -en algún caso dos horas después- con escuetas respuestas de que se había dado trámite a la solicitud. Además de las peticiones por escrito, los guardias pidieron en varias ocasiones ayuda a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, desplazada al lugar desde primera hora de la mañana, pero hasta las 14:30 horas no se presentó un responsable de la Unidad de Control de Masas.
En una de esas peticiones, se traslada a la intendente de los Mossos la necesidad de proteger los tres coches que habían quedado fuera y que ya estaban rodeados. Se le dijo que los coches tenían “armas largas” y que si los manifestantes accedían a los vehículos “podría incrementarse la amenaza de forma muy importante”. La intendente respondió, según el guardia, que no podía hacer nada y que su intención era “mantener la situación”.
El relato de los guardias que actuaron revela que los agentes que custodiaban la puerta se vieron obligados a entrar en el edificio para evitar “el enfrentamiento directo” ante la actitud “cada vez más hostil” de los manifestantes. Y, a medida que avanzaba el día y crecía el número de asistentes, la Guardia Civil constata que la protesta estaba coordinada y organizada, incluso con avituallamiento y con voluntarios que formaron una cadena humana para permitir la salida del edificio de las autoridades y trabajadores, pero no de la comitiva judicial.
Cuixart iy Sànchez dirigiéndose a la multitud encima de un coche de la Guardia Civil (Àlex Recolons / ACN)
A las diez de la noche se dio por finalizado el registro, pero la comisión judicial “quedó retenida y sitiada en contra de su voluntad”. Dos horas después, Sànchez y Cuixart, subidos a un vehículo de la Guardia Civil -que ya habían sido destrozados- arengaron a los asistentes a persistir en la protesta. A juicio de la Guardia Civil, ambos demostraron capacidad para coordinar la protesta, pero no usaron ese control para disolver una manifestación que habían convocado y que estaba “coaccionando” a los agentes.
Fuente: La Vanguardia
