Una organización mexicana denuncia en el Senado la conducta criminal de mineras canadienses y se pide a Gobernación citar a embajadora de Canadá para que dé una explicación. Integrantes de la red de afectados afirman que tales compañías contratan sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a proyectos que dañan a las comunidades.
Por Andrea Becerril/ La Jornada
Integrantes de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) denunciaron en el Senado la conducta criminal de las empresas canadienses que operan en México, las que llegan a contratar sicarios para amenazar e incluso matar a activistas que se oponen a proyectos que afectan a sus comunidades.
Documentaron una decena de casos en los que están involucradas compañías mineras de Canadá –Fortuna Silver Mines, Blackfire Exploration y Minefinder–, entre ellos los asesinatos de Bernardo Vázquez y Bernardo Méndez, perpetrados en marzo pasado, en San José del Progreso, Oaxaca.
Fueron crímenes alentados por personal de Fortuna Silver Mines, con la complicidad de autoridades municipales, detalló Alejandro Villamar, representante de la Rema.
Por su parte, la senadora Iris Vianey Mendoza (PRD) informó que el 3 de julio envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le reitera la demanda de que se expulse del país a dos directivos de la empresa Esperanza Silver de México, que incluso han violado la Constitución al encabezar movilizaciones para exigir que se les permita operar en Morelos, pese a que la Secretaría del Medio Ambiente les negó el permiso de operación.
La legisladora pidió al titular de Gobernación que cite a la embajadora de Canadá en México para solicitarle una explicación sobre la conducta violatoria del marco legal mexicano de los ejecutivos de Esperanza Silver, quienes han provocado un enfrentamiento en la comunidad indígena de Tetlama, ubicada en el municipio de Temixco, Morelos.
En regiones enteras del país, las mineras canadienses están dejando una estela de contaminación, muerte y desolación.
Agresiones contra defensores de derechos humanos
Villamar, en tanto, expuso que desde 2008 han denunciado las agresiones de las mineras extranjerasabrumadoramente canadienses contra defensores de derechos humanos y contra habitantes de los sitios en que están las concesiones que explotan.
En agosto de 2009, la Rema presentó una denuncia en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que sicarios de TeckCominko dispararon con balas de alto calibre e hirieron a Eligio Rebolledo Salinas, ejidatario de El Limón, en Cocula, Guerrero, quien quedó inválido. “Sus hermanos Víctor, Miguel y Modesto Rebolledo Salinas fueron secuestrados por un comando en el poblado La Fundición. Agresiones y amenazas previas de muerte fueron hechas a Evelia Bahena, quien se vio obligada a emigrar para salvar la vida.
“Tres meses más tarde, en noviembre de 2009, denunciamos primero la detención arbitraria y luego el posterior asesinato de Mariano Abarca Roblero a manos de sicarios enviados por Blackfire Exploration.
La lucha nacional exigiendo justicia y la solidaridad internacional de organizaciones civiles canadienses ha permitido demostrar de manera documental la participación de la minera, y mediante su denuncia internacional llevarla ante la Real Policía Montada de Canadá, recalcó .
Expuso que en octubre del año pasado fueron asesinados Ismael Solorio y su compañera Manuela Martha Solís, de El Barzón, de Chihuahua, quienes encabezaban la lucha contra la invasión ilegal de tierra que lleva a cabo MagSilver y su subsidiaria mexicana, Cascabel.
Mencionó, asimismo, la desaparición el pasado 23 de octubre de Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, y las amenazas de muerte contra Gaudencio Mancilla, de esa misma comunidad.
Alejandro Villamar recalcó que la impunidad de las empresas canadienses ha propiciado que compañías extranjeras chinas y estadunidenses utilicen sicarios en contra de activistas comunitarios. Puso como ejemplo Michoacán, donde la Procuraduría General de la República encontró relaciones de La Familia con empresas chinas para abastecerlas de mineral obtenido ilegalmente.
Fuente: La Jornada
