La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente presentó una denuncia penal contra el complejo minero Buenavista del Cobre, del Grupo México, luego de derramar 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Bacanuchi y Sonora. Por su parte, alcaldes de los siete municipios afectados pidieron ayuda al gobierno del estado para solicitar a la empresa una indemnización para los habitantes de sus poblaciones.
Pedro Armando Lugo López, Presidente Municipal de Aconchi, extendió un reclamo a la minera pues no ha respondido a los pobladores.
“Nos vamos a ir con todo contra Grupo México, vamos a demandar, vamos a exigir que nos cumplan el daño que ocasionó. A la gente ya se les agotó el producto económico, son gente que viven prácticamente al día, viven del producto que ellos producen”, sentenció Pedro Armando Lugo López, Presidente Municipal de Aconchi, quien aseguró que la empresa, propiedad de German Larrea, no ha respondido a la población.
El 7 de agosto, la Unidad Estatal de Protección Civil de Sonora dio a conocer el derramamiento de 40 mil litros de ácido sulfúrico provenientes de la mina de Cananea sobre los ríos citados que atraviesan cinco municipios.
En los ríos contaminados se detectaron metales pesados muy dañinos para la salud humana como arsénico, cadmio, aluminio, hierro, manganeso, níquel y cobre en concentraciones superiores a las permitidas en las aguas del Sonora.
Sonora es uno de los estados más áridos de México. El abastecimiento de la capital, Hermosillo, ha provocado incluso un enfrentamiento entre las autoridades estatales y la tribu Yaqui, que se dice despojada.
El norte de Sonora y hasta la región de Cananea es considerada, por la Naciones Unidas, una de las regiones que más se verán afectadas por las sequías que provocará el cambio climático.
La Profepa inició un procedimiento le ordenó a la empresa aplicar una Planeación de Remediación Total, luego de la contaminación que causó el derrame que afectó a los municipios de Arizpe, Banámichi, Baviácora, Aconchi, Huepa y Ures, en afectación de aproximadamente 22 mil personas.
La empresa señaló en un primer momento que el incidente se produjo debido a las lluvias, lo que ocasionó el derrame de uno de los llamados represos de jales que contenían esta sustancia, sin embargo un nuevo peritaje citado por el diario Reforma destaca que el derrame se debió a la falla de una válvula que se reventó en un represo de la mina Buenavista del Cobre.
De acuerdo con la ley, el procedimiento administrativo correspondiente puede llevarse hasta 60 días, sin embargo, este organismo buscará estrenar la nueva Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, en busca de aplicar una multa de 40 millones de pesos. Además, la Profepa dio a conocer que este mismo año hará una revisión de las condiciones en que se encuentran las mil 252 minas que existen en el país.
Indemnización a los afectados
Durante la reunión del día de ayer, productores, alcaldes y autoridades estatales acordaron apoyar a los municipios afectados para que la empresa indemnice a la población afectada y para vigilar que la contingencia se atienda hasta que se repare el daño.
“Lo que estamos haciendo como Gobierno del Estado, es brindar todo el apoyo a estos municipios, para – a través de las áreas jurídicas – gestionar ante la Federación que se cumpla la ley y que, una vez que se atienda la contingencia, se tomen las medidas necesarias para asegurarnos de que no vuelva a suceder”, aseguró el Secretario de Economía de Sonora, Moisés Gómez Reyna.
El Secretario de Salud, quien también estuvo presente en la reunión, Bernardo Campillo expresó que se sigue trabajando para atender las necesidades de los habitantes de los municipios del Río Sonora con acciones como abastecer con pipas de agua a los pobladores de estos municipios, trabajar bajo esquemas de prevención para evitar cualquier posible daño a la salud, y el anuncio de un programa de empleo temporal para reactivar la economía.
“El Gobernador Padrés nos ha instruido a estar muy al pendiente y atender todas las necesidades de los habitantes del Río Sonora, y estaremos sosteniendo constantemente reuniones con las distintas autoridades municipales, para asegurarnos de que todos cuenten con información suficiente y evitar caer en situaciones de pánico por desinformación”, puntualizó Campillo.
El programa de empleo temporal cuenta con un fondo de 1 millón de pesos para estos siete municipios, desde Arizpe hasta Ures, y adicionalmente se está trabajando para cuantificar los daños ocasionados en los sectores agrícola y ganadero.
La semana pasada, a través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana acusó a Grupo México de “homicidio industrial” y demandó una investigación a fondo sobre los daños ecológicos que provocará el derrame y pidió que se aplique la ley sobre los responsables
“El derrame es un nuevo ‘homicidio industrial’’, por lo que es irrisoria la multa que quieren imponer al consorcio de sólo 20 mil salarios mínimos, que significan un millón 380 mil pesos, cuando tan sólo en el primer semestre de este año este grupo obtuvo ingresos por mil 178 millones de dólares”, es decir, unos 17 mil millones de pesos, destacó la organización.
Fuente: Sin Embargo
