La incidencia del feminicidio y desapariciones de mujeres y niñas, la falta de acceso a la salud, la no disminución de la muerte materna (MM), y las agresiones contra defensoras y periodistas son botones de muestra de que el Estado mexicano incumple las recomendaciones del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
Por Anaiz Zamora Márquez/ Cimas
Diversas organizaciones feministas y de defensa de los Derechos Humanos (DH) se reunieron con las expertas del Comité de la CEDAW, Silvia Pimentel y Line Bareiro, a quienes les dieron a conocer las cifras, datos, casos y testimonios que evidencian este incumplimiento.
Aunque todas las asistentes al encuentro –organizado por Asociadas por lo Justo, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Equis-Justicia para las Mujeres, entre otros grupos civiles– reconocieron los avances en el cumplimiento de algunas las recomendaciones, advirtieron que aún falta mucho por hacer.
María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), dijo a las especialistas que pese a la recomendación de 2012 para hacer operativa la Alerta de Violencia de Género (AVG), el mecanismo lleva más de siete años sin aplicarse.
En 2013 –denunció–, aunque ya existía la recomendación, la AVG se negó en tres ocasiones y aunque se trabajó dos años en una reforma al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, “se tomó lo mínimo que sugerimos para finalmente reformarlo en noviembre del año pasado, cambio que seguramente será presumido en breve por México, aunque sigue siendo un mecanismo de carácter discrecional”.
Agregó que tampoco se ha cumplido la recomendación de homologar los tipos penales de feminicidio, y puso como ejemplo que mientras en el DF si el cuerpo de una mujer se encuentra desnudo y golpeado se debe investigar como feminicidio, en entidades como Guerrero y San Luis Potosí se deben comprobar previamente tres conductas dolosas.
En su turno, Alejandra Nuño, ex directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), evidenció que México tiene un severo rezago en materia de cifras e información real sobre desapariciones y homicidios de mujeres.
Como ejemplo más evidente, señaló que el Sistema Nacional de Seguridad Pública carece de cifras desagregadas por sexo, edad, condición racial y migratoria, que permitan identificar quiénes son las víctimas de los delitos.
Blanca Martínez, integrante del Centro Fray Julián Garcés, agregó que no se cuenta con un dato preciso sobre el número de personas desaparecidas en México, pues el “gobierno se rehúsa reconocer la grave problemática que esto representa”.
Mientras en abril de 2013 se informó que había más de 26 mil personas desaparecidas, el pasado 21 de mayo el Ejecutivo federal dijo que se habían depurado las cifras (aunque sin especificar los criterios), por lo que se tenían datos de 13 mil personas “extraviadas o ausentes”.
Lo que para la defensora es una muestra de la negativa a admitir lo que representa la desaparición forzada, pues “la depuración es una simulación del Estado y lo que hacen con el juego de cifras es tratar de diluir la grave problemática”.
En materia de salud de las mujeres, Adriana Jiménez Patlán, coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser), criticó el incumplimiento de la recomendación 31, que tiene que ver con el acceso a servicios de salud y de información en salud sexual y reproductiva, para prevenir los embarazos no deseados en adolescentes.
Informó a las expertas que, según datos oficiales, las adolescentes representan poco más del 27 por ciento de la población sexualmente activa y una de cada dos que inicia su vida sexual se embaraza.
Evidenció la falta de acceso a métodos anticonceptivos para las adolescentes en algunas entidades, como el caso de Chiapas, donde se detectó un subejercicio de casi 78 por ciento del presupuesto para el programa de salud sexual y reproductiva. “Es decir, no se han gastado el dinero destinado para prevenir los embarazos no deseados y embarazos en adolescentes”, alertó.
Regina Tamés, directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), dijo a las expertas que hay un aumento en la criminalización de las mujeres que presentan un aborto, luego de las 16 reformas constitucionales para “proteger la vida desde la concepción-fecundación”, así como la falta de acceso a las causales para interrumpir un embarazo, específicamente en caso de violación sexual.
Con respecto a la MM, Rafaella Schiavon, directora de Ipas-México, sostuvo que este flagelo ha disminuido muy lentamente. Lo demostró con los números absolutos de defunciones, pues mientras en 2002 se registraron 992 muertes, la cifra de 2011 fue de 971 y en 2012 fueron 960 decesos, “es decir hay 10 muertes menos por año; lo que ha disminuido es la Razón de Muerte Materna (RMM)”.
Atiziri Ávila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, dijo a las expertas que la falta de acción del Estado para proteger a las mexicanas ha recaído en las defensoras y las expuso a un clima de hostilidad y agresión, pues tan sólo en el primer trimestre de este año se registraron 41 agresiones contra activistas.
Yunuhen Rangel Medina, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), añadió que la violencia también se expande a las periodistas y apuntó que del año 2000 a la fecha se han identificado más de 200 casos de violencia contra mujeres informadoras. Abundó que todas las agresiones están impunes, lo que abre la puerta a que más casos se acumulen.
El Estado mexicano presentará al Comité de la CEDAW –en agosto próximo– un informe sobre el cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 2012.
Fuente: CIMAC Noticias
