Acusaciones de soborno y de formar parte de un esquema criminal son los últimos cargos que el Partido Republicano imputa al presidente de EEUU, Joe Biden. Dos de los dirigentes republicanos más importantes del Congreso han exigido al FBI la entrega de un documento en el que un denunciante señala a Biden de recibir un soborno de un ciudadano extranjero durante su etapa como vicepresidente a cambio de favores políticos.
El senador de Iowa, Chuck Grassley, y James Comer, presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, aseguran que el documento en manos federales «incluye una descripción detallada de cómo se empleó el presunto esquema criminal, así como su propósito».
El congresista Comer, cuyo comité investiga los presuntos tráficos de influencia de la familia Biden, fue el encargado de redactar la petición al FBI: «La información proporcionada por un denunciante expone que el entonces vicepresidente Biden supuestamente participó en un esquema de soborno con un ciudadano extranjero», asegura.
«El pueblo estadounidense necesita saber si el presidente Biden vendió a los Estados Unidos de América para ganar dinero para él. El senador Grassley y yo buscaremos la verdad para garantizar la rendición de cuentas al pueblo estadounidense», añadió.
Por su parte, el senador Grassley, perteneciente al Comité Bancario del Senado, aseguró que «creemos que el FBI posee un documento interno no clasificado que incluye acusaciones muy serias y detalladas que implican al presidente». Acto seguido levantó dudas sobre el papel desempeñado por la policía federal, «lo que no sabemos es qué ha hecho el FBI, si es que ha hecho algo, para verificar estas afirmaciones o investigar más a fondo».
Durante una entrevista en televisión, Grassley insistió que es necesario saber qué pasos dieron el Departamento de Justicia y el FBI al respecto, porque según él, el «sesgo político» ha influido a la hora de decidir si investigar o no los acuerdos comerciales en el extranjero de la familia Biden.
Problemas para los Biden
La familia Biden ha sido objeto de controversia y ha estado en el punto de mira de los republicanos desde hace tiempo, pero el objetivo principal siempre había sido el hijo del presidente, Hunter Biden. Centrarse ahora en el presidente supone una escalada significativa en la campaña de fiscalización del presidente.
De hecho, los negocios turbios de Hunter Biden salieron a la luz por primera vez cuando el entonces presidente Donald Trump exigió a las autoridades ucranianas para que lo investigaran. Posteriormente y semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020, un taller de reparación de ordenadores de Delaware filtró a los medios de comunicación el contenido de su portátil donde aparecieron imágenes del hijo del presidente con prostitutas y consumiendo estupefacientes.
En la actualidad una investigación conducida por el Departamento de Justicia sobre posible fraude fiscal cometido por el hijo más controvertido del presidente está a punto de concluir y en ella se anunciará si se presentan cargos o no.
En respuesta a las últimas acusaciones, el portavoz del abogado de la Casa Blanca, Ian Sams, las desestimó como «infundadas y políticamente motivadas».
Añadió que «durante 5 años los republicanos en el Congreso han estado lanzando ataques infundados por motivos políticos [contra el presidente Biden]sin ofrecer evidencia de sus afirmaciones o con evidencias de decisiones influenciadas por cualquier otra cosa que no sean los intereses estadounidenses».
La Casa Blanca no permitió este jueves a los periodistas cualquier acceso directo al presidente, algo extraño en un día laborable, lo que implicó que no se le pudo preguntar sobre el nuevo escándalo.
Fuente: Agencias
