El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante la PGR denuncias de hechos contra los magistrados suspendidos Jesús Guadalupe Luna y Jorge Figueroa Cacho por presuntas irregularidades en su desempeño profesional y en el manejo de sus operaciones bancarias, vinculadas con posibles operaciones de lavado de dinero.
En el caso del magistrado Luna Altamirano, el CJF detectó que negó múltiples órdenes de aprehensión en contra de familiares de Joaquín El Chapo Guzmán, al considerar que la PGR había integrado mal la averiguación previa.
Mientras que Figueroa Cacho fue denunciado por probables conductas delictivas de operaciones bancarias y transacciones financieras inusuales con empresas dedicadas a la compraventa de metales y joyas en el estado de Jalisco.
El Consejo de la Judicatura recordó que, en el caso de Luna Altamirano, se ordenó en mayo de 2012 una visita extraordinaria al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, entonces a su cargo.
Más tarde, se encontraron “presuntas conductas que denotaron falta de profesionalismo e imparcialidad, notoria ineptitud y descuido en el trámite y resolución de los tocas penales 57/2008, 136/2009, 95/2010, 451/2010, 21/2011 y 446/2011, así como en los juicios de amparo 19/2009, 44/2009, 3/2009, 19/2011, 5/2011 y 25/2011”.
La investigación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación (PJF) abarcó los ámbitos bancario, fiscal, de registro de bienes inmuebles y declaraciones patrimoniales, detalló el CJF.
Luego de ello, advirtió, se encontró que “Luna Altamirano es probable responsable de faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de 2004 a 2012”.
Además, se identificaron movimientos por depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por 2 millones 705 mil 852 pesos y movimientos de retiro por 8 millones 469 mil 131 pesos a través de cheques y transferencias, sobre los que se desconoce el beneficiario, destino y aplicación.
En la primera de las cantidades, detalló el órgano de control del PJF, “se detectaron los siguientes movimientos: 13 transferencias, 46 depósitos con cheques o documentos; 62 depósitos en efectivo y nueve clasificados como otros depósitos”.
Más aún, “en el análisis de los registros bancarios de familiares y personas relacionadas con Luna Altamirano (ocho personas cuyos apellidos coinciden con alguno de los dos del magistrado suspendido), se detectaron 300 depósitos por un monto de un millón 970 mil 440 pesos, concentrándose en una mujer el 61% de ellos”.
Asimismo, en la verificación de su evolución patrimonial, correspondiente a 2010, el magistrado suspendido refirió la donación de una propiedad ubicada en la delegación Coyoacán, con valor de 4 millones 929 mil 600 pesos, a favor de una de sus hijas.
No obstante, acotó el CJF, en el apartado destinado a señalar el valor de la operación no lo marcó como “cero”, lo que se considera “un riesgo en materia de lavado de dinero asociado a las operaciones inmobiliarias”.
Ello consiste, explicó, “en que el servidor público o sus personas relacionadas pueden adquirir propiedades registrando un valor inferior al real, pagando la diferencia al vendedor en efectivo y vendiendo posteriormente la propiedad por un valor mayor, justificando así sus ganancias y dándoles la apariencia de licitud”.
En el caso de la investigación contra Figueroa Cacho, cuando el magistrado actualmente suspendido estaba adscrito al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con sede en Jalisco, se detectaron a su nombre tres cheques por un millón 792 mil 250 pesos provenientes de la cuenta de una empresa dedicada a la venta y compra de oro.
Peor aún, abundó el CJF, el 1 de octubre de 2012 Jorge Figueroa recibió a través de endoso en propiedad a su favor otros tres cheques expedidos a nombre de tres mujeres con apellidos diferentes, por 855 mil 652 pesos, que fueron librados por otra empresa dedicada a la venta de metales finos.
“La totalidad de los mencionados recursos –unos 2 millones 647 mil 902 pesos– fueron retirados de la cuenta del mencionado dos días después, mediante un cheque de caja por el valor equivalente en dólares americanos, a favor de una mujer”, reveló el CJF.
El órgano del PJF precisó que en cuanto al análisis de los estados de cuenta del servidor público investigado, se identificaron 155 operaciones de depósitos, cuyo origen se desconoce, por un monto total de 2 millones 869 mil 205 pesos.
Y en el caso de los registros bancarios de cinco de sus familiares, se identificaron 357 depósitos y/o abonos, cuyo origen se desconoce, por un monto de 6 millones 175 mil 618 pesos.
Incluso, en una cuenta a su nombre se realizaron depósitos y abonos por 50 mil 449 dólares, acusó el CJF.
Es por ello que la Contraloría del PJF consideró que Figueroa Cacho es probable responsable por faltar al deber de presentar con veracidad las declaraciones de modificación patrimonial de los años 2007 a 2010.
Fuente: Apro
