El exfuncionario de Veracruz es acusado de desaparición de personas, un proceso que se extendió a cuatro de sus colaboradores
El exfiscal General de Veracruz, Luis Ángel Bravo, salió de la prisión de Pacho Viejo para enfrentar su proceso en su domicilio.
El ex funcionario en el sexenio del ex Gobernador Javier Duarte es acusado de desaparición de personas, un proceso que se extendió a cuatro de sus colaboradores y que también lograron la prisión domiciliaria.
Bravo fue detenido en junio de 2018 en la Ciudad de México. La Juez Oral Alma Sosa le impuso la prisión preventiva justificada, medida que su abogado Jorge Reyes Peralta le pareció excesiva.
En febrero pasado Bravo acusó que su sucesor, Jorge Winckler, comete una serie de irregularidades en su proceso para mantenerlo en prisión.
Indicó que cuenta con un amparo por la detención ilegal acusado del delito de desaparición forzada.
“Quiero declarar públicamente que Jorge Winckler Ortiz me tiene prácticamente secuestrado, es un mentiroso, he visto notas que me han llevado al interior del penal, donde dice que yo por los tribunales federales no he obtenido nada, ya se resolvió un juicio de amparo en contra de la medida cautelar por la detención ilegal e inconstitucional, la suspensión fue violada”, dijo al acudir a los Juzgados de Control entonces.
“Estoy secuestrado por Jorge Winckler, es un mentiroso, por negar lo innegable, que es mi liberación, violaron mi suspensión, la medida cautelar fue violatoria, ya le gané dos amparos, citaron al Juez como imputado por haberme citado a una audiencia”, reprochó.
En diciembre un tribunal colegiado otorgó un amparo a Bravo contra la prisión preventiva oficiosa que le dictó una juez de control, por supuestamente entorpecer una investigación y apoyar la evasión de la justicia de responsables de desaparición de personas.
La resolución del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Amparo, con residencia en Ciudad de México, establece una serie de transgresiones en el caso del detenido y violación a sus derechos humanos.
No obstante, permaneció recluido en el penal de Pacho Viejo hasta hoy.
La investigación contra Bravo gira en torno al ocultamiento y alteración del hallazgo de 13 cuerpos en la barranca La Aurora, en el municipio de Emiliano Zapata, en 2016.
Testigos citados en el expediente aseguran que en ese lugar se arrojaban a víctimas de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías.
El 19 de enero de 2016 fueron hallados 19 cadáveres, aunque los ex funcionarios ahora detenidos pidieron al personal bajo su mando reportar sólo la localización de seis.
Uno de los cuerpos fue llevado a Santa Ana, Municipio de Alto Lucero, donde se simuló haberlo encontrado y luego fue identificado como el policía David Lara Cruz, desaparecido el 12 de enero del 2016.
Los 12 cuerpos restantes no fueron reportados de manera oficial.
Fuente: Reforma
