La Presidencia de la República rechazó las afirmaciones del empresario Joaquín Vargas, propietario de MVS, en el sentido de ofrecerle la viabilidad al proyecto de la banda de 2.5 Ghz a cambio de que éste no impugnara la resolución de concentración de Televisa en Iusacell, que obligara a la conductora Carmen Aristegui a pedir una disculpa por abordar el supuesto problema de alcoholismo del presidente Felipe Calderón y de que no la recontratara.
En un comunicado, acusó al empresario Vargas de “calumniar, difamar, tergiversar y engañar con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas”, pues además, el gobierno federal nunca intervino en la salida temporal de la periodista Carmen Aristegui de dicha empresa, como falsamente afirma”. Y, asimismo, señala que el gobierno federal no cederá frente a la presión y el chantaje, e incluso advierte que se reserva la valoración de proceder conforme a derecho.
Ha aquí el comunicado íntegro emitido por la Coordinación de Comunicación Social de la Presidencia:
1. Como esta Coordinación dio a conocer el pasado 9 de febrero, se rechaza categóricamente cualquier participación en la salida de la señora Carmen Aristegui de MVS. La decisión editorial de MVS corresponde única y exclusivamente a MVS, no al Gobierno Federal. Más importante aún, como nunca antes la presente Administración ha sido cabalmente respetuosa de la libertad de expresión y de la diversidad de opiniones en los temas públicos de interés.
2. La política de comunicación social de la presente Administración está completamente diferenciada de la política pública en materia de telecomunicaciones. Desde el primer día de Gobierno, las decisiones se han tomado con total transparencia y, en el caso del sector telecomunicaciones, con base en estrictas consideraciones técnicas y legales, en las que intervienen organismos autónomos.
3. Se rechaza categóricamente que la Titular de la Coordinación de Comunicación Social, a través de los abogados de la empresa, haya ofrecido al señor Vargas viabilidad al proyecto de la 2.5 a cambio de que éste no impugnara la resolución de concentración de Televisa en Iusacell. La última vez que la Titular tuvo contacto con MVS fue en febrero de 2011.
4. Cuando no son los principios los que rigen el proceder de cualquier institución, sea privada o pública, se corre el gran riesgo de hacer lo que el señor Vargas hace: calumniar, difamar, tergiversar y engañar, con el simple objetivo de alcanzar sus metas económicas. El intentar imponer intereses financieros por encima de los de México, es inadmisible para el Gobierno Federal. No se cederá frente a la presión y el chantaje, al tiempo que nos reservamos la valoración de proceder conforme a derecho.
Previamente, el senador electo y ex secretario de Trabajo, Javier Lozano, afirmó que el presidente de MVS Comunicaciones, Joaquín Vargas, trató de chantajear al gobierno para quedarse con la banda de 2.5 GHz.
“Este gobierno no chantajea ni amenaza”, explicó Lozano Alarcón.
Lozano refirió que, durante de una serie de reuniones con Vargas Guajardo y el Grupo MVS, les indicaron que el precio de la frecuencia subió por su valor en el mercado, como lo señala la Ley Federal de Telecomunicaciones, pero la empresa se negó a pagar con el nuevo valor.
Lozano Alarcón respondió que las acusaciones de Joaquín Vargas son falsas, respecto a la afirmación de que el gobierno amenazó a MVS Comunicaciones con retirarles concesiones si recontrataban a la periodista Carmen Aristegui, después de la información que publicó sobre Felipe Calderón.
El funcionario indicó que fue amigo de Vargas y, “en un momento personal”, el representante de MVS tomó la decisión de separar a Carmen Aristegui de los micrófonos porque la periodista expuso información de Calderón Hinojosa que violó el Código de Ética del grupo de telecomunicaciones.
“No uses a Carmen Aristegui como una ficha de cambio” concluyó Javier Lozano respecto al presunto chantaje de Vargas Guajardo para conservar la frecuencia de 2.5 GHz.
Fuente: La Jornada, Aristegui Noticias y Presidencia de la República
